Un mes después del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, Unicef estima que se necesitarán 65,7 millones de dólares en los próximos meses para responder al impacto humanitario de la catástrofe. El organismo trabaja para asistir a alrededor de 470.000 personas, entre ellas 169.000 niños, en áreas de salud, nutrición, agua, saneamiento, educación y protección infantil.
Las cifras oficiales difundidas por el régimen chavista registran al menos 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 damnificados. El doble sismo es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo, según la misma fuente.
Unicef indicó que hasta la fecha ha distribuido más de 82 toneladas métricas de suministros de emergencia, incluyendo kits de salud, equipo de purificación y almacenamiento de agua, y materiales para el desarrollo infantil. En coordinación con el gobierno, apoyó equipos móviles de salud que brindaron atención primaria —incluyendo vacunaciones— a más de 21.000 personas. También suministró medicamentos esenciales en 198 centros de salud, con capacidad para atender a unas 49.000 personas.
Más de 5.000 personas recibieron servicios de nutrición, incluyendo detección de desnutrición aguda, suplementación con micronutrientes y asesoría nutricional para mujeres embarazadas y lactantes.
«Un mes después de los terremotos, niños, niñas y familias aún enfrentan las consecuencias de esta devastadora catástrofe», señaló el representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol. El organismo advirtió que la población infantil tiene mayores probabilidades de experimentar angustia psicológica, violencia, negligencia, explotación y separación familiar.
El peso fiscal de la reconstrucción es igualmente alarmante. El Banco Mundial estimó este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década. La ONU, por su parte, situó los daños totales en 37.000 millones de dólares.
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La magnitud de estas cifras expone una realidad que el régimen de Caracas no puede ocultar: Venezuela enfrenta una emergencia de reconstrucción sin las instituciones ni los recursos fiscales para afrontarla. Décadas de destrucción del aparato productivo, de ahuyentamiento de la inversión privada y de dependencia de la renta petrolera dejaron al país sin colchón ante una catástrofe de esta escala. La carga recae, una vez más, sobre organismos internacionales y contribuyentes de terceros países. Capital busca reglas claras; sin ellas, ni la ayuda humanitaria ni la inversión para reconstruir llegarán con la velocidad y la escala que la emergencia exige.
