El presidente Donald Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva instruyendo al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio a desarrollar un plan para establecer un fondo soberano de Estados Unidos. Seis meses después, el gobierno federal tomó una participación pasiva del 9,9% en Intel por un valor de 8.900 millones de dólares. Ambos movimientos habrían parecido inusuales en una administración republicana de otra generación.
La pregunta que se impone es directa: ¿qué dice la literatura económica sobre la propiedad gubernamental de empresas?
El caso clásico contra el Estado empresario
La respuesta que muchos recuerdan se forjó en los años 80 y 90. Las empresas estatales se asociaban con interferencia política, exceso de personal y rescates recurrentes. La privatización ofrecía mejores incentivos y mayor disciplina financiera. Los economistas Andrei Shleifer y Robert Vishny formalizaron este argumento: los políticos valoran los empleos y los favores locales más que las ganancias; los gerentes bienvenían los subsidios y la protección; los contribuyentes absorbían las pérdidas. Este esquema genera lo que los economistas llaman una «restricción presupuestaria blanda»: una empresa que espera ser rescatada tiene menos razones para reducir costos o abandonar proyectos débiles.
El propio Shleifer argumentó que la propiedad privada es generalmente preferible en industrias donde las empresas deben innovar constantemente para mantenerse competitivas, y que los gobiernos deberían perseguir objetivos sociales a través de regulación, contratos y subsidios focalizados, no mediante propiedad directa.
Una revisión de la evidencia empírica realizada por William Megginson y Jeffry Netter en 2001 concluyó que las empresas privatizadas se volvieron en general más rentables y financieramente más sanas, aunque los efectos sobre el empleo resultaron mixtos.
El matiz que llegó después
Sin embargo, la investigación evolucionó. La propiedad estatal resultó más duradera y extendida de lo que muchos economistas esperaban. Según datos de la OCDE, en 2023 las empresas estatales representaban 126 de las 500 mayores compañías del mundo por ingresos y el 12% de la capitalización bursátil global. El Banco Mundial, el FMI y la OCDE reconocen hoy que la propiedad estatal puede funcionar bajo condiciones de gobernanza sólida: gestión profesional, neutralidad competitiva, mandatos claros y operaciones transparentes, separando la función de propietario de la función reguladora.
Las primeras comparaciones empíricas tampoco eran perfectas: los gobiernos solían vender las empresas más grandes y sanas, lo que introducía sesgo de selección. En las economías en transición, la privatización llegó simultáneamente con liberalización de precios, apertura comercial y reforma financiera, lo que dificultaba aislar el efecto puro de la propiedad estatal.
Lo que está en juego con Intel
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el experimento merece seguimiento riguroso. La participación pasiva en Intel —sin control de gestión— es estructuralmente distinta a un ministerio dictando instrucciones operativas. Pero «pasiva» es una categoría jurídica, no una garantía de que el aparato estatal no intervenga cuando los resultados decepcionen o la política industrial lo demande.
El principio que está en juego es antiguo y sigue vigente: el dinero de los contribuyentes no tiene el mismo mecanismo de disciplina que el capital privado. Cuando una apuesta sale mal en el mercado, el inversor privado pierde su propio dinero. Cuando sale mal en un fondo soberano, la cuenta llega a quienes nunca votaron por ese riesgo. Los estándares modernos de gobernanza pueden reducir ese riesgo, pero no eliminarlo. El mercado, con el tiempo, emitirá su propio veredicto.
