Donald Trump anunció el viernes en Truth Social que no firmará la 21st Century ROAD to Housing Act, la ley de vivienda aprobada el mes pasado por amplias mayorías bipartidistas en el Congreso, en protesta por la incapacidad del Senado de aprobar la SAVE Act, que exigiría prueba de ciudadanía e identificación fotográfica para votar.
Los números hablan solos: la ley de vivienda pasó la Cámara de Representantes con 358 votos a favor y 32 en contra, y el Senado con 85 votos a favor y apenas 5 en contra. Ese nivel de consenso bipartidista es infrecuente en Washington.
Sin embargo, la negativa a firmar no equivale a un veto. Según la Constitución, Trump dispone de 10 días hábiles —excluyendo domingos— para firmar o vetar la legislación; si no actúa, la ley entra en vigor automáticamente a medianoche. Solo un veto formal puede bloquearla.
Esta no es la primera vez que Trump usa la ley de vivienda como instrumento de presión. Ya canceló una ceremonia de firma programada para el 24 de junio con el mismo objetivo: obligar al Senado a moverse sobre el ID electoral. La semana pasada calificó la ley de vivienda de «un bostezo» ante la prensa y este jueves se negó a responder si la firmaría, limitándose a decir: «Tomaré una decisión».
Trump también renovó su llamado a que el Senado elimine el filibúster, mecanismo que exige 60 votos para avanzar legislación y que bloquea la SAVE Act. La cúpula senatorial ha descartado esa opción, en parte porque podría volverse en contra del partido si los demócratas recuperan la mayoría.
La ley de vivienda en disputa busca reducir costos de vivienda y barreras al acceso a la propiedad mediante el aumento de ciertos límites hipotecarios y el acceso a hipotecas de bajo monto. Incluye además una restricción a inversores institucionales que ya poseen un gran número de propiedades para adquirir nuevas.
Demócratas y grupos de derechos electorales argumentan que la SAVE Act restringiría el acceso al voto y podría excluir a ciudadanos ya inscritos en el padrón que no cuenten con los documentos requeridos.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra una tensión real dentro de la agenda Trump: una ley que amplía el acceso a la propiedad privada —un principio cardinal del libre mercado— queda rehén de una batalla legislativa sobre integridad electoral. Ambas causas tienen mérito propio, pero mezclarlas en un solo pulso político introduce ruido innecesario en mercados que ya monitorean de cerca la política de vivienda y crédito hipotecario en Estados Unidos.
El capital busca reglas claras y predecibles. Cada día de incertidumbre sobre si la ley entra en vigor o no es un día en que constructores, prestamistas y compradores posponen decisiones. Si Trump opta por dejarla convertirse en ley sin su firma, el resultado práctico será el mismo —pero el costo político de la maniobra ya está pagado.
