El gobierno de Donald Trump retuvo 1.000 millones de dólares en fondos federales de Medicaid destinados a California y Minnesota, citando fraude generalizado y mala gestión en ambos programas estatales. La medida fue anunciada por el Vicepresidente JD Vance y el Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., líderes del grupo de trabajo creado en marzo para combatir el fraude en los programas de bienestar social.
El programa Medicaid, el mayor programa de asistencia médica del país, pasó de costar 206.000 millones de dólares en el año 2000 a superar los 960.000 millones anuales en la actualidad, según datos citados por Michael Greibrok, investigador principal de la Foundation for Government Accountability.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general del estado, Keith Ellison, intentaron bloquear judicialmente la retención de fondos federales. Un tribunal rechazó la demanda, dejando a la administración Trump en libertad de continuar con las penalizaciones.
La Casa Blanca argumenta que el crecimiento del programa se explica en parte por la incorporación de adultos sin discapacidades, personas inscritas en varios estados simultáneamente y personas fallecidas que permanecen en los registros. Según Greibrok, las administraciones Obama y Biden «blindaron los pagos indebidos de revisión y ocultaron las tasas reales de pagos incorrectos para proteger a los estados de consecuencias financieras».
Las reformas incluidas en el proyecto de ley denominado «One, Big, Beautiful Bill» del presidente Trump se estiman en un ahorro superior al billón de dólares para los contribuyentes federales, al reorientar el programa hacia quienes realmente califican para recibirlo.
California y Minnesota podrían verse obligadas a recurrir a sus propios contribuyentes estatales para cubrir la brecha de 1.000 millones de dólares, según el análisis de Greibrok.
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El mercado ya votó sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar desbordado: cuando el gasto en Medicaid se multiplica por casi cinco en dos décadas sin que nadie responda por los registros inflados, el costo recae inevitablemente sobre el contribuyente. La retención de fondos federales no es un castigo arbitrario; es el mecanismo que debió existir desde el principio para que los estados tuvieran incentivo real de mantener la integridad de sus programas.
Lo que California y Minnesota ilustran es el resultado predecible de años de gobierno que prioriza la expansión del padrón sobre su depuración. Capital busca reglas claras, y los contribuyentes merecen lo mismo: que cada dólar de asistencia llegue a quien verdaderamente lo necesita, no a quien logró colarse en un sistema sin vigilancia.
