El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) rescindió el 20 de julio una directiva de la era Biden que, en la práctica, desalentaba a los estados de usar el incumplimiento de manutención infantil como causal para retirar beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Con ese movimiento, la administración Trump revive una política que ya existía durante su primer mandato.
La medida afecta a un universo cuantificable. Según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), aproximadamente 3,8 millones de padres —tanto custodios como no custodios— con órdenes formales de manutención reciben actualmente beneficios SNAP. Con un promedio mensual de 190,29 dólares por persona, el gasto total supera los 723 millones de dólares al mes, equivalente a cerca de 8.700 millones de dólares anuales. Estadísticas federales indican que al menos el 25,9% de los padres no custodios no paga manutención alguna, y el 30,4% paga solo una parte.
«No se trata de sacar del programa a quienes genuinamente no pueden pagar», aclaró Alex Adams, subsecretario de Apoyo Familiar en la Administración para Niños y Familias del HHS. «Se trata de lograr que las personas tengan un plan para cumplir su responsabilidad legal y moral hacia sus hijos».
Bajo la administración Biden, una circular del 6 de junio de 2024 había cerrado la puerta a ese mecanismo de disuasión. Solo Arkansas, Kentucky y Mississippi habían implementado restricciones, según el Informe de Opciones Estatales 2025 del USDA. La nueva directiva del 20 de julio restituye la facultad estatal de excluir del SNAP a los padres no custodios que debiendo pagar manutención no lo hacen.
El programa SNAP atiende a 42 millones de estadounidenses en total. El memo del USDA señala que «actualmente muy pocas familias monoparentales inscritas en SNAP reciben manutención infantil, y aún menos reciben el monto completo que merecen».
En paralelo, HHS reporta haber recaudado 2,2 millones de dólares de padres morosos que realizaron pagos para evitar la revocación de sus pasaportes, en el marco de un programa conjunto con el Departamento de Estado que ya acumula más de 10.170 pasaportes cancelados a deudores de manutención. La fuente original de la noticia atribuye ese número a un período que arranca desde que Trump tomó posesión, aunque no precisa una fecha de corte definitiva.
Adams también señaló que la administración anterior llegó a cambiar el nombre de la oficina de «Cumplimiento de Manutención Infantil» a «Servicios de Manutención Infantil», una decisión que calificó como «posiblemente negligente respecto a la responsabilidad legal y moral» de los padres no custodios.
La lectura de Ágora Capital. La restauración de esta regla ilustra una tensión permanente en el diseño de los programas de asistencia: cuando el Estado elimina consecuencias por incumplimiento, los incentivos se distorsionan y el costo recae sobre el contribuyente. Casi 8.700 millones de dólares anuales es una cifra que merece debate público serio. Que solo tres estados hubieran activado la restricción durante la era Biden revela hasta qué punto la burocracia federal puede neutralizar herramientas legales existentes con una simple circular. Capital busca reglas claras; la manutención infantil es, ante todo, una obligación contractual y legal cuyo incumplimiento no debería ser subsidiado por el erario.
