Un jurado civil ordenó en 2023 que el presidente Donald Trump pagara 5 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por agresión sexual y difamación. Tres años después, el lunes 14 de julio de 2026, el monto total de 5.625.005,48 dólares —capital más intereses acumulados— fue desembolsado a Carroll y sus abogados, según registros judiciales.
El dinero había permanecido en una cuenta controlada por el tribunal desde el fallo original. Trump lo depositó allí poco después del veredicto y luego intentó en repetidas ocasiones aplazar el pago mientras agotaba las vías de apelación. Un tribunal federal de apelaciones ratificó el veredicto del jurado y la Corte Suprema rechazó el mes pasado la solicitud del presidente de revisar el caso.
Aun así, el equipo legal de Trump buscó una orden de emergencia para bloquear el desembolso. El juez Lewis A. Kaplan la rechazó la semana pasada con una nota directa: Trump «ha estado dilatando este caso durante años». La denegación no impuso condiciones sobre el uso del dinero; los abogados de Carroll indicaron en documentos judiciales que ella planea depositarlo en una cuenta de retiro.
La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, confirmó el pago en un comunicado: «Estamos complacidos de informar que ella ha recibido el pago de daños que el jurado le otorgó». El equipo legal del presidente calificó el litigio de «farsa» y «cacería de brujas», y aseguró que el mandatario «seguirá ganando contra la guerra legal liberal».
El caso pagado esta semana no es el único frente abierto. Un segundo jurado ordenó en 2024 que Trump pagara a Carroll 83,3 millones de dólares más intereses por difamación en una instancia separada. Ese monto sigue sin desembolsarse: Trump continúa apelando y sus abogados han señalado su intención de pedir a la Corte Suprema que revise esa sentencia, después de que un tribunal de apelaciones se negara a revocarla. Forbes estima el patrimonio neto de Trump en 6.300 millones de dólares, lo que convierte los 5,6 millones en una fracción menor de su riqueza total.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra un principio elemental del estado de derecho: los veredictos de jurado no son negociables por vía de dilación indefinida. Que un presidente haya depositado los fondos en garantía desde 2023 y luego intentado durante tres años postergar el pago mediante recursos sucesivos es, en sí mismo, una señal de que el sistema judicial funcionó: al final, el capital tuvo que moverse. El frente de los 83,3 millones, aún pendiente, recordará a los mercados que la certeza jurídica —esa que tanto exigen los inversores para asignar capital— no distingue entre ciudadanos ordinarios y titulares del Ejecutivo.
