El gobierno de Donald Trump anunció una nueva batería de aranceles que oscilan entre el 10% y el 12,5% sobre importaciones provenientes de más de 80 países, reemplazando un arancel global temporal del 10% que expiró esta semana. El anuncio fue realizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
La medida se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y se justifica en que los socios comerciales no han hecho lo suficiente para impedir importaciones producidas con trabajo forzado. La Unión Europea, Canadá, Australia y Brasil reaccionaron con críticas inmediatas.
Un giro legal forzado por la Corte Suprema
El movimiento no es casualidad. A principios de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los aranceles de emergencia de amplio alcance —los llamados aranceles del «Día de la Liberación»— excedían la autoridad presidencial, obligando a la administración a abandonar esa base legal. En lugar de retroceder, la Casa Blanca volvió con un fundamento estatutario distinto: investigaciones bajo la Sección 301 centradas en el cumplimiento de estándares laborales.
Si ese enfoque resistirá nuevos desafíos judiciales es una pregunta abierta. Para los minoristas, sin embargo, el debate en los tribunales importa menos que la realidad comercial inmediata.
Pocas alternativas de bajo costo
Prácticamente todos los grandes minoristas que operan en Estados Unidos dependen de redes de abastecimiento internacionales que abarcan Asia, Europa y América del Norte. Ropa, calzado, muebles, juguetes, electrónica de consumo y artículos deportivos se fabrican en ecosistemas globales construidos durante décadas.
Incluso las empresas que pasaron años diversificando su producción fuera de China siguen abasteciendo desde India, Bangladesh, Camboya, Indonesia, México y Vietnam. La amplitud de las nuevas medidas deja pocas alternativas de bajo costo para quienes busquen eludir los mayores costos de importación.
Ante un aumento arancelario, los minoristas tienen tres caminos: absorber el costo, renegociar con proveedores —cada vez más difícil tras años de inflación y costos de manufactura al alza— o trasladar parte del incremento al consumidor final vía precios más altos. La mayoría optará por los tres simultáneamente.
El argumento de la Casa Blanca y la advertencia de los economistas
La administración sostiene que los aranceles no han elevado materialmente los precios al consumidor y señala la relativa estabilidad de la inflación subyacente como evidencia de que las empresas han absorbido el costo adicional. Trump ha argumentado consistentemente que los aranceles protegen la manufactura estadounidense, reducen déficits comerciales y crean incentivos para invertir en el país.
Sin embargo, economistas advierten que, aunque cada aumento arancelario pueda parecer modesto, su impacto acumulado en múltiples categorías de consumo podría volverse más visible con el tiempo, especialmente si las empresas ya no pueden o no están dispuestas a absorber el gasto adicional.
La lectura de Ágora Capital
La política comercial de Trump tiene una lógica de negociación que el mercado ya conoce: presión arancelaria como palanca para obtener concesiones. Lo novedoso aquí es el envoltorio de derechos humanos, que le otorga al ejecutivo una base legal más difícil de impugnar y un argumento moral más presentable ante la opinión pública.
Para el libre mercado, el costo es real: más incertidumbre regulatoria, cadenas de suministro más costosas y consumidores que eventualmente pagan la cuenta. Capital busca reglas claras; lo que obtiene, por ahora, es otra capa de riesgo político en cada decisión de sourcing.
