Donald Trump anunció aranceles adicionales del 50% sobre una serie de bienes procedentes de Canadá. Los gravámenes entrarán en vigor el 19 de agosto, salvo que ambos países alcancen un acuerdo antes. Trump firmó tres proclamaciones para activarlos mediante la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.
La medida incluye bienes que antes estaban protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En la revisión conjunta de 2026, Estados Unidos y Canadá no acordaron la renovación del tratado, lo que abrió paso a nuevas negociaciones que, según Associated Press, podrían prolongarse hasta 2036. Quedan fuera del nuevo arancel los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos.
Trump sostuvo que Canadá mantiene un trato desigual contra distintos productos estadounidenses. En materia automotriz, mencionó el arancel del 25% que ese país aplica desde abril de 2025 a los vehículos de EE.UU. que no califican para el tratamiento preferencial del T-MEC. En materia de lácteos, afirmó que Canadá favorece a los productos europeos frente a los quesos estadounidenses. Un funcionario de la administración señaló además que Trump pidió analizar nuevos aranceles por el efecto de los incendios forestales canadienses sobre la calidad del aire en EE.UU.
El gobierno republicano indicó que todas las provincias y territorios canadienses, salvo dos, suspendieron desde 2025 la compra y venta minorista de bebidas alcohólicas estadounidenses. Esa decisión había surgido como respuesta a los gravámenes de Trump y a sus declaraciones sobre convertir a Canadá en el estado número 51. Un funcionario de la administración señaló que el gobierno canadiense debía rendir cuentas porque fue uno de los pocos países, junto con China, que respondió a las medidas comerciales anteriores.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que su administración está preparada para negociar con Washington y señaló que la disputa elevó los costos para las familias, «particularmente en EE.UU.». El primer ministro de Ontario, Doug Ford, planteó una reacción equivalente si las medidas entran en vigor: «Si estos aranceles avanzan, Canadá debería responder arancel por arancel».
Desde Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs cuestionó los gravámenes mediante un mensaje en redes sociales. «Estos aranceles irresponsables serán devastadores para los negocios y consumidores de Arizona», escribió. Aseguró que los aranceles «aumentan el costo de la vivienda, los comestibles y los esenciales» de los que dependen los hogares de Arizona, y cerró con una frase de contraste: «Necesitamos costos más bajos, no más aumentos de impuestos».
La lógica de la Casa Blanca es clara: reciprocidad ante un socio que escaló primero con aranceles propios y un boicot comercial a productos estadounidenses. La herramienta legal elegida —una ley de 1930— subraya que Washington tiene margen jurídico para actuar sin esperar nuevos marcos multilaterales. El reloj corre hasta el 19 de agosto: capital e industria a ambos lados de la frontera necesitan certeza antes de esa fecha; la incertidumbre tiene precio, y ese precio lo pagan primero las cadenas de suministro.
