El presidente Donald Trump impuso aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre importaciones de más de 80 países, con vigencia desde el viernes a las 12:01 a.m. La medida se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al Ejecutivo gravar importaciones ante prácticas comerciales desleales. En este caso, la administración alega que los países afectados no prohíben adecuadamente la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
La elección del instrumento legal no es menor. A diferencia de los aranceles del «Día de la Liberación» — anulados por la Corte Suprema porque se apoyaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que no otorga autoridad arancelaria explícita — la Sección 301 sí la concede de forma directa. Además, exige que el gobierno complete una investigación antes de implementar los aranceles, lo que genera, según el economista Justin Wolfers, un «expediente documental robusto» que los tribunales tienden a respetar.
El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, calificó la Sección 301 como «increíblemente durable desde el punto de vista legal» en febrero, tras el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles previos. El abogado comercial Robert Shapiro señaló a Forbes que los aranceles impuestos bajo leyes que «dicen directamente aranceles» son menos susceptibles de ser revertidos, porque los tribunales deben pronunciarse sobre el fondo de la política, algo que suelen evitar. Ryan Majerus, otro abogado especializado en comercio, indicó a Reuters que los jueces podrían mostrarse reacios a fallar contra medidas orientadas a frenar el trabajo forzado.
No obstante, la arquitectura universal de la medida genera escepticismo. Peter Harrell, ex director senior de economía internacional del gobierno Biden, advirtió al New York Times que Trump «reinterpreta el estatuto para imponer aranceles perpetuos sobre casi todas las importaciones». Alan Wm. Wolff, ex subdirector general de la Organización Mundial del Comercio, publicó en el Peterson Institute for International Economics que los aranceles constituyen una «extralimitación presidencial» y que no existe «evidencia» de que «reducirán materialmente el trabajo forzado en otros países». Wolff señala que aplicar tasas uniformes del 10% y 12,5% — en lugar de tarifas calibradas por país según sus infracciones específicas — sugiere que el objetivo primario es mantener aranceles globales, no combatir el trabajo forzado.
Hasta el cierre de esta edición no se había presentado ningún desafío legal formal. Los expertos advierten que, de presentarse, los litigios podrían extenderse meses o años. En paralelo, ya está en curso una investigación sobre si se deben imponer aranceles adicionales para abordar la sobrecapacidad manufacturera global. El abogado Patrick Childress, ex asesor de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., fue explícito: «Los aranceles 301 sobre trabajo forzado no son el final de la historia».
Desde Ágora Capital, el cuadro es claro: la Sección 301 ofrece a la administración Trump una plataforma legal más sólida que la IEEPA, y el mercado ya lo descuenta en la menor volatilidad inmediata respecto a episodios anteriores. La pregunta de fondo no es si estos aranceles sobreviven al primer recurso judicial — probablemente sí — sino si una política arancelaria de alcance casi universal puede sostenerse como «nueva normalidad» sin erosionar los incentivos de inversión y los flujos de comercio que alimentan el crecimiento. Capital busca reglas claras; la incertidumbre sobre el alcance definitivo de estos gravámenes sigue siendo el principal factor de riesgo para los sectores importadores.
