El presidente Donald Trump elevó la presión sobre Canadá al anunciar un arancel de 50% a determinados productos canadienses, con entrada en vigor en 30 días. La medida, que no incluye exención del T-MEC, afecta cerca del 5% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos y coincide con las conversaciones en curso sobre la revisión del tratado trilateral.
La Casa Blanca argumentó que Canadá aplica un trato injusto a las exportaciones estadounidenses de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos. Entre los bienes afectados figuran leche, artículos de hockey, cañas de pescar y miel, según documentos difundidos por la administración. Quedan fuera, sin embargo, materias primas estratégicas como el petróleo y la potasa, que Estados Unidos importa en grandes volúmenes desde el norte.
El gravamen se aplicará al amparo de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, norma que otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de hasta 50% a países considerados discriminatorios contra el comercio estadounidense. Analistas del Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) señalaron que se trata de «una herramienta que nunca ha sido puesta a prueba», aunque advirtieron que la administración «está dispuesta a utilizar cualquier instrumento disponible».
El equipo de CIBC, encabezado por Christopher Harvey, responsable de estrategia de acciones y carteras, calificó el movimiento como «el punto de partida» de una negociación que podría resultar compleja. «Creemos que la selección de productos responde en gran medida a criterios políticos», apuntaron. Su proyección es directa: «Los aranceles llegaron para quedarse, al menos durante los próximos 30 meses».
El primer ministro Mark Carney respondió desde Ottawa señalando que él y Trump acordaron «intensificar las negociaciones en las próximas semanas». Al mismo tiempo, advirtió que Canadá evaluará «todas las opciones sobre cómo respondería si entran en vigor» los aranceles, dejando abierta la puerta a represalias.
La ausencia de exención del T-MEC en esta medida es el dato que más pesa sobre los mercados: implica que Washington está dispuesto a ignorar el marco jurídico del tratado que el propio Trump firmó en su primer mandato cuando la presión negociadora lo justifica.
Lectura editorial. Lo que ocurre aquí es una demostración de que el T-MEC, tal como está redactado, no garantiza certidumbre jurídica cuando la Casa Blanca decide activar legislación doméstica de 1930. Para el capital que opera en América del Norte, la señal es inequívoca: las reglas del juego pueden cambiar por decreto en 30 días. El libre comercio necesita instituciones que lo anclen; sin ese ancla, los flujos de inversión migran hacia mercados con mayor previsibilidad. La negociación que viene no es solo comercial: es una prueba de si el T-MEC sobrevive como instrumento de certidumbre o se convierte en letra muerta cada vez que Washington cambia de humor.
