Donald Trump anunció que los medicamentos genéricos importados a Estados Unidos estarán sujetos a un arancel de 100% a partir de agosto de 2028, con una escalada posterior al 200% en 2029. El presidente lo comunicó directamente en su red Truth Social.
El esquema es escalonado. Según la publicación de Trump, desde el 1 de agosto de 2026 los genéricos importados continuarán beneficiándose de aranceles del 0% durante dos años. Al vencer ese plazo —agosto de 2028— el gravamen salta al 100% por un año. En 2029, sube al 200%.
El objetivo declarado es la relocalización. «Esto se hace para fomentar la relocalización de la producción farmacéutica de genéricos en Estados Unidos, con una penalización para las empresas que no construyan plantas y equipos dentro del plazo establecido», escribió Trump. El presidente también afirmó que en el país se están construyendo instalaciones farmacéuticas a «un ritmo sin precedentes».
Los medicamentos patentados, de marca o innovadores no están incluidos en el nuevo esquema arancelario. Trump precisó que la política sobre ese segmento se mantendrá sin cambios.
El calendario de dos años sin arancel funciona como ventana de ajuste para que fabricantes extranjeros —con fuerte presencia de India y China en el mercado de genéricos— decidan si invierten en capacidad productiva local o asumen el costo arancelario. La señal de precio es contundente: un gravamen del 200% sobre un medicamento genérico, cuyo margen ya es estrecho por definición, equivale en la práctica a un cierre de mercado.
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Desde Ágora Capital, la lógica es clara: el libre mercado favorece la competencia sin fronteras, pero la política industrial por vía arancelaria tiene una racionalidad propia cuando la cadena de suministro farmacéutica toca la seguridad nacional. El debate no es si los genéricos importados son buenos o malos —lo son para el bolsillo del consumidor— sino si Estados Unidos puede permitirse depender de proveedores extranjeros en un insumo crítico.
Lo que el mercado ya está calculando es el costo de transición: quién construye planta en suelo estadounidense antes de 2028, quién absorbe el arancel y quién simplemente sale. Capital busca reglas claras, y Trump acaba de fijar un calendario preciso. La incógnita es si dos años son suficientes para levantar capacidad industrial real, o si el consumidor pagará el diferencial mientras la oferta local madura.
