El presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche la publicación de una serie de documentos de inteligencia desclasificados sobre la integridad electoral de Estados Unidos. Los archivos, disponibles en el sitio web de la Casa Blanca, incluyen una evaluación de la CIA que señala que «a mediados de 2018, la política del Partido Comunista Chino era aprovechar todos los elementos domésticos y extranjeros opuestos al presidente de los Estados Unidos para reducir sus votos, hacerlo renunciar o impedir su reelección».
Los documentos también revelan que China habría comprometido datos de votantes en 18 estados, con un total de hasta 220 millones de archivos. Trump calificó la situación como «el mayor compromiso de datos electorales de la historia». Los propios documentos aclaran que no incluyen prueba de que Beijing haya alterado activamente el resultado de ninguna elección, sino que identifican vulnerabilidades del sistema que actores extranjeros podrían explotar.
Beijing respondió de forma contundente. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, calificó los documentos de «falsa acusación y difamación grave que hace tiempo se demostró infundada». «China nunca interfiere en las elecciones de Estados Unidos y no tiene ningún interés en ello», afirmó Lin, quien a su vez acusó a Washington de «vigilancia indiscriminada» sobre gobiernos, empresas y ciudadanos en todo el mundo. Preguntado sobre si las revelaciones afectarían la visita prevista de Xi Jinping a Estados Unidos en septiembre, Lin no respondió directamente.
En paralelo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró una conferencia de prensa el viernes en la que anunció que DHS ha identificado 250.000 no ciudadanos potencialmente registrados para votar en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, estados que no participan en el programa SAVE de verificación de ciudadanía. Las cifras preliminares del departamento desglosan 190.832 casos en California, 35.152 en Nueva Jersey, 15.903 en Nevada y 14.576 en Pensilvania. DHS envió cartas a los secretarios de Estado de cada entidad solicitando una respuesta en dos semanas.
Mullin también afirmó que, entre los 23 estados que sí cooperan con el programa, se identificaron 28.000 no ciudadanos y 400.000 personas fallecidas aún en los padrones. Advirtió que los estados que no colaboren serán objeto de escrutinio prioritario, y que los funcionarios electorales que incumplan podrían enfrentar multas, sanciones e incluso prisión.
El gobierno de California rechazó las cifras. La oficina del gobernador señaló que «el fraude electoral es extremadamente raro» y cuestionó el origen de los datos: «No tenemos idea de dónde proviene esta última afirmación». Expertos electorales y grupos de derechos al voto han advertido históricamente que los cruces de listas pueden generar falsos positivos por registros desactualizados o errores en bases de datos.
La secuencia de eventos —discurso presidencial, desclasificación masiva y ofensiva del DHS en 48 horas— marca el inicio de lo que la administración Trump enmarca como una campaña de integridad electoral de cara a las elecciones de medio término.
La lectura de Ágora Capital: La desclasificación pone sobre la mesa una pregunta que los mercados y los inversores no pueden ignorar: si las instituciones electorales de la primera economía del mundo son vulnerables a interferencia extranjera, el riesgo político sistémico es real, no retórico. El capital busca reglas claras y árbitros confiables; un sistema electoral cuya integridad está en disputa —tanto por acción de Beijing como por la resistencia de estados que rechazan la verificación de padrones— es exactamente el tipo de incertidumbre que eleva el costo de hacer negocios a largo plazo en cualquier democracia. El principio es simple: sin confianza en el proceso, no hay legitimidad en el resultado.
