El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves decretar la quiebra de la notaria pública Valeria Ronchera Flores, a partir de una demanda de liquidación forzosa presentada por Primus Capital el 9 de agosto de 2023.
El origen del conflicto está en el incumplimiento de dos pagarés por un total de $214 millones. Uno fue suscrito directamente por Ronchera por $36,6 millones y el otro por $177,9 millones, donde figuraba como aval y codeudora solidaria de Inmobiliaria Roda SpA.
De acuerdo con el expediente judicial, el perjuicio económico asciende a $214.591.409. La acción de Primus Capital se fundó en compromisos vencidos e impagos, junto con la exigencia del cobro del capital adeudado, intereses moratorios y reajustes legales.
El tribunal señaló que el proceso de liquidación ya existía desde 2023, pero recién ahora dictó la resolución de liquidación. Tras la audiencia inicial realizada en junio de 2026 y la falta de presentación de bienes o nómina de acreedores por parte de la deudora, el tribunal dio paso al procedimiento concursal.
En su resolución, la magistrada designó como liquidador titular a Eduardo Godoy Hales. Quedó facultado para incautar bienes, libros y documentos de la deudora, incluso con auxilio de la fuerza pública.
Además, la jueza ordenó acumular a este proceso todos los juicios pendientes contra Ronchera que puedan afectar su patrimonio. También instruyó la inscripción de la resolución en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces, junto con la advertencia pública de que no deben realizarse pagos ni entregarse mercaderías a la deudora bajo pena de nulidad.
Los acreedores de la notaría tendrán 30 días desde la publicación de la resolución en el Boletín Concursal para verificar sus créditos ante el tribunal. La primera junta de acreedores quedó fijada para el trigésimo segundo día hábil posterior a esa publicación, a las 09:00 horas, en la sala de audiencias del tribunal, ubicada en Huérfanos 1409, segundo piso.
Primus Capital cuenta con la asesoría de Cristián Gandarillas.
Ronchera, por su parte, dijo que se enteró de la resolución ese mismo día y que aún existen plazos para interponer un recurso de reposición o esperar que la medida quede ejecutoriada. También sostuvo que analizará el fallo con su equipo de abogados y mencionó que podría aplicar la causal de vacancia, además de señalar que todavía hay acciones pendientes como un recurso constitucional.
Más allá del expediente, el caso vuelve a poner en primer plano una verdad incómoda para cualquier mercado que pretenda operar con confianza: cuando las deudas no se pagan y la ejecución se dilata, el capital queda atrapado y el costo lo absorben acreedores, proveedores y, en última instancia, la cadena de crédito. Capital busca reglas claras. Sin ellas, el riesgo país microeconómico sube incluso antes de que se mueva una tasa de interés.
La resolución también muestra el valor de un sistema concursal que permita ordenar el pasivo y resguardar activos. Para la libre empresa, la seguridad jurídica no es un concepto abstracto: es la condición mínima para que el flujo de financiamiento siga existiendo.
