Un tribunal chileno condenó a dos miembros del Tren de Aragua. Las penas suman 30 y 10 años de presidio efectivo. Ambos controlaban el comercio sexual en cuatro plazas céntricas de Santiago.
Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022. Las plazas afectadas fueron Cruz Verde, Bustamante, Morandé y Plaza de Armas. Ahí, la organización cobraba multas y pagos semanales bajo amenaza de armas.
Según la Fiscalía, las víctimas eran mujeres trasladadas desde otros países con engaños. Solo por el traslado, la organización cobraba más de 2 millones de pesos. Además exigía una «entrada» para ocupar las plazas. Los pagos semanales rondaban entre 100 y 200 mil pesos.
Un fiscal del Sistema de Análisis Criminal de Tarapacá, cuya identidad se mantiene en reserva, describió el mecanismo de cobro forzado. «En el evento de que no pagasen el dinero a la organización, los miembros lo que hacían era secuestrarlas, dispararles o incluso matarlas», afirmó.
Luis Peraza Mijares, conocido como «Burrito», operaba como jefe de plaza. Fijaba los lugares de comercio sexual y los valores a cobrar. También determinaba las medidas de coerción para asegurar los pagos. El tribunal lo condenó a 30 años por asociación criminal, secuestro y trata de personas reiterada.
Yondri Martínez Garcés integraba el grupo de amedrentamiento violento. Uno de los casos acreditados fue el secuestro de una mujer, a quien le dispararon en el pie por una deuda con la organización. Martínez recibió más de 10 años por asociación ilícita y secuestro.
La condena surgió de una investigación conjunta. Participaron el Sistema de Análisis Criminal y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI. Ambos sujetos son de nacionalidad venezolana y fueron declarados parte de la estructura transnacional del Tren de Aragua.
El caso confirma algo que el debate migratorio suele diluir: la expansión de estas redes no es un fenómeno abstracto. Opera con jerarquías, tarifas y violencia armada dentro de espacios públicos que el Estado debería controlar.
Cuando una organización criminal fija precios, cobra «entrada» y aplica coerción territorial, está sustituyendo funciones básicas del Estado de derecho. Ese vacío no solo daña a las víctimas directas. También erosiona la seguridad jurídica que sostiene cualquier entorno de inversión y convivencia normal. La condena es una señal correcta. Pero llega después de años de operación impune en pleno centro de Santiago.
