La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó una acusación directa al gobierno federal: proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, «ya cobró factura» en términos de inversión y certeza jurídica para México.
El detonante inmediato fue la decisión de Toyota de trasladar parte de su producción de Tijuana a Texas. Campos calificó ese movimiento como «la primera consecuencia» de la pérdida de confianza de los inversionistas en el país. Los números no necesitan adorno: una planta que exporta desde territorio mexicano se desplaza al otro lado de la frontera, llevándose empleos y valor agregado.
El contexto comercial agrava el cuadro. Según la gobernadora, Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC en sus términos originales, por lo que México quedará sujeto a una revisión anual del tratado. Esa modalidad, a diferencia de la certeza de un acuerdo de largo plazo, introduce un ciclo de incertidumbre que los equipos de planeación corporativa no pueden ignorar al decidir dónde instalar capacidad productiva.
Campos vinculó ambos hechos —la salida de Toyota y la revisión anual del T-MEC— con la actuación de la Fiscalía General de la República. Según afirmó, la FGR informó que no cuenta con pruebas suficientes para proceder contra Rocha Moya, quien ha sido señalado por la justicia de Estados Unidos. «Han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos», sostuvo la mandataria chihuahuense en un videomensaje difundido en sus redes sociales.
La gobernadora acusó que la administración federal «privilegia la protección de integrantes de Morena antes que la aplicación de la ley» y advirtió que «el capital huye de donde el Estado de derecho se negocia». En ese marco, enumeró las pérdidas encadenadas que, a su juicio, genera esa postura: competitividad, Estado de derecho, inversión y confianza.
Campos pidió al gobierno federal «que recapacite, que actúe, que los señalados rindan cuentas ante la justicia y que rompan el pacto de complicidad».
La lectura de Ágora Capital es directa: cuando el aparato estatal negocia la aplicación de la ley según conveniencia política, el precio lo paga la libre empresa. Toyota no se mueve por capricho; se mueve porque los modelos de riesgo detectaron señales que los comunicados oficiales no pueden desmentir. Una revisión anual del T-MEC convierte cada año en una subasta de incertidumbre para cualquier empresa que evalúe instalar manufactura de exportación en México. El costo no lo absorbe el gobierno federal: lo absorben los trabajadores que no verán esas plazas crearse en suelo mexicano. Mientras el oficialismo proteja a funcionarios señalados por tribunales extranjeros, el riesgo país seguirá cotizando al alza sin que ningún decreto pueda corregirlo.
