Tesla confirmó su llegada a Uruguay con una sede en el Departamento de Montevideo, según un comunicado al que accedió el suplemento El Empresario del diario El País Uruguay. La empresa abrió un sitio de registro para quienes deseen ser «los primeros en experimentar Tesla en Uruguay», con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.
El formulario solicita nombre, apellido, teléfono con prefijo uruguayo, correo electrónico y código postal. En el banner principal de la página aparece un Tesla Model Y en color azul, confirmado para el mercado local. La compañía también publicó en X que sus modelos «Model 3 y Model Y están cada vez más cerca», acompañado de un video con imágenes uruguayas.
La expansión sigue la misma ruta regional que Tesla trazó al ingresar a Colombia en noviembre de 2025. En su portal oficial, la empresa lista presencia en México, Chile y Colombia; Uruguay es el cuarto mercado latinoamericano en sumarse. La elección del país se justifica en que Uruguay es «uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos», según el comunicado corporativo.
El anuncio, sin embargo, llega con una sombra fiscal de inmediato. Según La República, el desembarco se produjo una semana después de que el gobierno resolviera gravar con el Impuesto Específico Interno (Imesi) la importación de vehículos eléctricos a partir del 1° de enero de 2027. El gravamen se aplicará en tres franjas según el costo de importación, y alcanzará a los vehículos con precio aproximado de venta al público por encima de US$30.000. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (Acau) rechazó la iniciativa.
Tesla no reveló fecha concreta de apertura operativa ni una dirección específica en Montevideo. La empresa se describe como «una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente».
La lectura de Ágora Capital. El mercado ya votó: Tesla eligió Uruguay precisamente porque la infraestructura y la demanda alineada con la movilidad eléctrica ofrecen un retorno previsible. El problema es que el aparato estatal respondió con un nuevo impuesto antes incluso de que la compañía abra sus puertas. Gravar importaciones por encima de US$30.000 con el Imesi no protege al consumidor ni al fisco a largo plazo: encarece el producto, reduce el flujo de inversión y envía una señal de riesgo regulatorio justo cuando el capital internacional miraba a Montevideo con interés. Capital busca reglas claras — y un impuesto anunciado con un año de anticipación, en sentido contrario a la atracción de inversión, es exactamente el tipo de ruido que hace que los proyectos se demoren o se reduzcan de escala.
