El reloj del mercado asegurador colombiano no para desde el 10 de agosto. A casi un mes del terremoto, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó, con corte al 7 de septiembre, 68.270 reclamaciones y un valor estimado de siniestros de $3,7 billones.
La cifra creció $1 billón frente al reporte de la semana anterior. Desde el primer balance de la emergencia, cuando se contabilizaron 10.465 casos, el volumen de reclamaciones acumula un alza de cerca de 550%.
Los desembolsos también aceleran. Las compañías han pagado $95.076 millones en indemnizaciones, un incremento de 121% respecto al tercer reporte. El dinero llega directamente a asegurados para reparar viviendas, comercios, copropiedades y otros bienes.
Distribución por departamento
La afectación alcanza 451 municipios en 31 departamentos. Los cinco con mayor número de reclamaciones concentran la mayor parte de la exposición:
- Valle del Cauca: 28.201 reclamaciones; $46.220 millones pagados; siniestros estimados en $1,35 billones. - Risaralda: 14.755 reclamaciones; $26.337 millones pagados; siniestros estimados en $1,30 billones. - Quindío: 8.158 reclamaciones; $12.446 millones pagados; siniestros estimados en $256.000 millones. - Caldas: 3.998 reclamaciones; $4.677 millones pagados; siniestros estimados en $220.000 millones. - Antioquia: 5.847 reclamaciones; $660 millones pagados; siniestros estimados en $106.000 millones.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, señaló que «los $3,7 billones estimados en indemnizaciones reflejan la magnitud de los daños asegurados y, sobre todo, el compromiso que hoy tiene el sector con quienes confiaron la protección de su patrimonio a una aseguradora». Morales recordó además que los afectados cuentan con un plazo de dos años para presentar reclamaciones desde la fecha del sismo.
Fasecolda habilitó en su sitio web un ABC sobre seguros y atención de siniestros. Los afectados pueden acudir directamente a su compañía o contactar a su asesor, sin necesidad de intermediarios adicionales.
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Los números hablan solos: cuando las reglas del contrato son claras y el sector privado opera sin interferencia, el capital fluye hacia quienes lo necesitan. En menos de un mes, el mercado asegurador movilizó más de $95.000 millones sin esperar decreto ni partida presupuestal. La pregunta que Colombia debería hacerse no es solo cuánto pagaron las aseguradoras, sino cuántos ciudadanos quedaron fuera del sistema por falta de cobertura —un déficit que ningún bono estatal repara con la misma velocidad ni con la misma certeza jurídica que un contrato de seguro bien suscrito.
