TECfusions, empresa con sede en Florida que opera centros de datos en Arizona y Virginia, anunció el miércoles una oferta pública inicial valorada en $4,000 millones. La noticia llega en medio de una batalla regulatoria en Pensilvania: el proyecto de New Kensington, cerca de Pittsburgh, enfrenta una moratoria de 180 días impulsada por el grupo activista Protect PT.
Protect PT recibió $400,000 de la Fundación Heinz en 2024 —aproximadamente la mitad de su financiamiento ese año—, según datos de Cause IQ. La fundación, con sede en Pittsburgh y formada en 2007 a partir de dos fideicomisos vinculados al fundador Henry J. Heinz, distribuyó cerca de $93 millones ese año en donaciones a causas de izquierda, de acuerdo con la misma fuente.
La empresa sostiene que el sitio de New Kensington está amparado por derechos adquiridos previos a la moratoria. El proyecto reutiliza y amplía una fábrica existente que ya albergaba infraestructura de datos. Simon Tusha, fundador y director de tecnología de TECfusions, afirmó que el centro operará con generación propia de energía a gas natural en sitio —sin extraer electricidad de la red local— y que en escenarios de emergencia podría exportar energía a la red. Tusha señaló que el proyecto cumple con la nueva directiva energética para centros de datos del presidente Trump.
«Cada prensa de imprenta tuvo sus manifestantes. Cada centro de datos también los tendrá. Y la historia no recuerda a ninguno de los dos», dijo Tusha a The New York Post.
El senador John Fetterman (D-Pa.) se pronunció en contra de las moratorias: «La IA está rehaciendo nuestro mundo y Estados Unidos debe mantener el liderazgo. Si no, China gana y vivimos bajo sus reglas. El PCCh está encantado con las moratorias a centros de datos y rechazo firmemente ese tipo de políticas», declaró.
Pensilvania es el segundo estado productor de energía del país, detrás de Texas, con 7.5 billones de pies cúbicos anuales de gas natural y 40.6 millones de toneladas cortas de carbón. Los centros de datos en el estado representan apenas el 2.5% del consumo energético estatal, según ElectricChoice.com.
El gobernador Josh Shapiro propuso los llamados GRID Standards, que buscan establecer requisitos claros para los desarrolladores de centros de datos que soliciten apoyo de la Commonwealth —incluyendo aportar su propia energía, transparencia con las comunidades y protección de recursos naturales—, según su portavoz Will Simons.
El panorama nacional es más amplio: existen 155 moratorias locales activas sobre construcción de centros de datos y otras 127 propuestas en 40 estados, según el US Data Center Moratorium Tracker. Pensilvania tiene en cartera 87 centros de datos frente a los 34 de Nueva York, de acuerdo con el rastreador Cleanview.
Tusha advirtió que las restricciones generan escasez artificial: «Los estados como Nueva York que consumen grandes volúmenes de datos no tendrán soberanía de datos y deberán recurrir a otros estados. Es una posibilidad muy real que los neoyorquinos paguen entre $500 y $600 al mes por acceso a IA y centros de datos a causa de la moratoria».
El mercado ya votó: la IPO de $4,000 millones de TECfusions indica que el capital privado apuesta por la demanda de infraestructura digital, con o sin permiso de los activistas. Cuando el aparato regulatorio —alimentado por fundaciones con agenda— bloquea proyectos que generan empleo, reducen costos y fortalecen la soberanía tecnológica nacional, el costo lo termina pagando el consumidor. La pregunta no es si los centros de datos llegarán; es si llegarán a tiempo para que Estados Unidos mantenga la delantera frente a Beijing.
