El embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, llegó esta semana a Ciudad de México. La agenda es concreta: acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pago electrónico. Nada de fentanilo. Nada de cárteles.
La distinción importa. Greer declaró ante el Comité de Finanzas del Senado que espera tener «opciones de acuerdos provisionales» con México antes de que termine el año. Reconoció, además, que los temas más complejos —reglas de origen, asuntos laborales y ambientales— seguirán discutiéndose durante 2027.
El contexto es tenso. El 1 de julio, Estados Unidos decidió no extender el T-MEC hasta 2042 en su forma actual. El tratado quedó sujeto a revisiones anuales. La incertidumbre sobre su futuro se instaló como dato permanente.
Dos narrativas en Washington
Lo que ocurre en las mesas técnicas no agota el cuadro. Greer señaló ante el Capitolio que a Trump le resultaría difícil aceptar una revisión del T-MEC si México no colabora en todas las áreas. La seguridad no está en la negociación, pero sí en la percepción política del presidente.
Esa percepción no es uniforme. El secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, declaró ante el Congreso que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido «mucho más cooperativo» que la administración anterior. El propio USTR reconoció por escrito avances mexicanos, incluida la publicación este mes de una regulación de exportaciones de bienes de doble uso alineada con los controles estadounidenses.
El contrapunto lo puso el director de la DEA, Terry Cole. En su comparecencia ante el Senado sostuvo que durante años existió colusión entre narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos. El gobierno mexicano rechazó esos señalamientos por falta de sustento.
Dos narrativas coexisten en Washington. Ninguna garantiza ni condena el resultado.
El caso Canadá como advertencia
Trump impuso esta semana nuevos aranceles por cerca de 20 mil millones de dólares a productos canadienses. Lo hizo con base en la Ley Arancelaria de 1930. Lo hizo en plena revisión del tratado. La cooperación no compra inmunidad; la falta de cooperación sí garantiza el castigo.
Greer lo dijo en el Foro de Seguridad de Aspen: las pláticas con México «van bien» porque los mexicanos son «pragmáticos». Ese pragmatismo es hoy el principal activo negociador.
La lectura del mercado
Capital busca reglas claras. Lo que está en juego no es solo un tratado: es el marco jurídico que da certeza a cadenas de valor regionales, a inversiones manufactureras y a flujos comerciales que representan la columna vertebral de la economía mexicana.
Un expediente técnico limpio —reglas de origen acordadas, controles armonizados, diferencias laborales resueltas— reduce el margen para un descarrilamiento político. No lo elimina. La vara de Trump es subjetiva y cambiante. Eso no es un juicio editorial; es el dato que los propios analistas y funcionarios estadounidenses confirman. Para el libre mercado, la lección es incómoda pero precisa: la estabilidad del entorno de negocios depende hoy menos de la solidez técnica del acuerdo que del humor político de una sola persona en Washington.
