La subsecretaria de Previsión Social de Chile, Elisa Cabezón, admitió esta semana algo que el mercado laboral ya venía señalando: las políticas públicas aprobadas en el ciclo redistributivo «encarecieron la contratación» sin que existieran medidas compensatorias.
Lo dijo en el seminario Aportes a la Economía desde la UC, organizado a propósito de los 50 años del magíster en Economía de esa casa de estudios. Cabezón identificó la Ley Karin y la Ley de 40 horas como ejemplos de normas «loables, con buenas intenciones» que, sin embargo, no se contrastaron con incentivos que absorbieran el alza en costos para el empleador.
El diagnóstico es revelador viniendo desde adentro del aparato estatal. Durante al menos una década, según la propia funcionaria, el debate público en Chile giró en torno a «distribución, igualdad, dignidad, más protección», mientras la palabra crecimiento «no se escuchaba, se daba por sentada o no se le daba tanta importancia». El resultado: un mercado laboral más rígido y más caro para quien contrata.
Cabezón se declaró optimista porque, a su juicio, ese ciclo discursivo habría comenzado a cambiar. Como evidencia citó el último debate presidencial, donde —según sus palabras— «desde la candidata del Partido Comunista hasta el candidato más a la derecha, todos hablaban de la importancia de que Chile tenía que crecer».
En el corto plazo, el gobierno apuesta por subsidios a la contratación. En el mediano, la subsecretaria anunció una agenda centrada en «más adaptabilidad al empleo formal», que incluye el proyecto de sala cuna universal y ajustes al cálculo de la jornada de 40 horas. Ambas iniciativas enfrentan, reconoció Cabezón, «alta resistencia de parte de la oposición».
La funcionaria también vinculó la agenda de seguridad con la generación de valor económico: «Si la gente no puede emprender tranquilamente, si no puede viajar tranquilamente de un lugar a otro, es mucho más difícil que se genere esta interacción entre privados, que se cree valor y que beneficie a la población».
Cabezón calificó la megarreforma como «un buen y valiente primer paso», aunque no precisó cifras de impacto esperado.
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El mercado ya votó sobre este ciclo: la informalidad y la rigidez laboral son el precio de legislar sin mirar la factura que paga quien contrata. Que una funcionaria del gobierno lo diga en voz alta es un avance, pero el diagnóstico correcto no basta. La prueba real estará en si la «agenda de adaptabilidad» logra reducir el costo efectivo de crear empleo formal, o si queda atrapada en la misma resistencia burocrática y política que produjo el problema. Capital busca reglas claras; mientras el costo de contratar no baje, el empleo informal seguirá siendo la salida racional para millones de chilenos.
