El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, prepara un anteproyecto de ley. El objetivo: convertir en voluntario el aporte al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Hoy ese aporte es obligatorio.
La Cámara de Industrias Cárnicas (Cainca) fue la primera del sector frigorífico en respaldar públicamente la iniciativa. La entidad agrupa plantas que producen más del 20% de la faena destinada al consumo interno en la provincia de Buenos Aires. Su posición no es nueva. Según su propio comunicado, ya la había planteado «en los ámbitos correspondientes».
El argumento central es directo. «El aporte obligatorio definido hace más de dos décadas en otro contexto impacta en la estructura de costos y precios de los productos sin ninguna contraprestación para quienes abastecen el consumo interno», señaló Cainca. La cámara enmarca su postura en «libertad, competitividad y respeto por la propiedad privada».
Días antes, la Sociedad Rural de Santa Fe había expresado una posición similar. También cuestionó el comunicado conjunto firmado por la Mesa de Enlace, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Cadif, Unica, Ciccra y Fiffra. Ese bloque defiende mantener el esquema actual. Argumenta que los principales países productores —Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay— operan con sistemas de pago obligatorio.
La Sociedad Rural de Santa Fe fue más lejos. Tildó de «engañoso» ese comunicado por hablar de disolución del instituto cuando, según afirmó, solo se modifica la forma de financiamiento. Además, puso en duda la representatividad del documento: «Esas entidades no pueden hablar en nombre de todos. El productor santafesino no fue consultado», sostuvo.
También cuestionó si las entidades que integran CRA respaldaron institucionalmente esa posición. Señaló que al menos desde Carsfe, que integra las Rurales de Santa Fe, el Consejo Directivo no se había expresado.
El debate divide al sector en dos bloques con lógicas opuestas. Uno defiende la institucionalidad del IPCVA como bien colectivo. El otro reclama el derecho a elegir a quién financiar.
La lectura de Ágora Capital es simple. Un aporte impuesto por ley durante más de dos décadas, sin rendición de cuentas clara y sin beneficio directo para quien lo paga, no es una contribución: es una carga. El principio de libre empresa exige que cada actor decida con su propio capital a qué institución respalda. Cuando el Estado obliga a financiar organismos que no rinden cuentas, el costo lo absorbe la cadena y, al final, el consumidor. La propuesta de Sturzenegger no disuelve nada. Solo devuelve la decisión al privado, que es donde siempre debió estar.
