La sociedad civil zuliana se pronunció esta semana. Lo hizo a través de un comunicado firmado por el abogado Joaquín Chaparro Oliveros. El texto respalda «de punta a punta» la posición de María Corina Machado. El tema central es el petróleo y el gas de Venezuela.
Chaparro Oliveros habla en nombre de demócratas cristianos del Zulia. Denuncia contratos firmados, en sus palabras, «entre gallos y medianoche». Los atribuye a «un régimen ilegítimo que no nos representa». Según el comunicado, el patrimonio energético no le pertenece a un grupo atrincherado en Miraflores. Le pertenece al pueblo, sostiene el texto.
El reclamo central es la transparencia. El comunicado exige saber qué se firmó. Pide conocer quiénes responden y qué garantías existen. También demanda saber para dónde va cada dólar. «La riqueza de la nación no se regala ni se remata», afirma Chaparro Oliveros.
El texto va más allá del reclamo político. Enumera condiciones concretas para atraer inversión real. Habla de luz en las casas y puertos operativos. Menciona reglas de juego transparentes. Pide seguridad jurídica para quienes invierten. Suma seguridad personal para quienes trabajan cada día en el sector.
El comunicado también se dirige a la región. Sostiene que Miraflores «es el problema, no la solución». Según Chaparro Oliveros, Venezuela tiene potencial para ser el gran aliado energético del hemisferio. Pero fija condiciones puntuales: licitaciones abiertas, instituciones independientes y un gobierno con la legitimidad que da el voto popular.
El planteamiento coincide con un principio elemental de mercado. Ningún capital serio ingresa sin reglas claras ni garantías de propiedad. Un contrato firmado a oscuras, sin licitación ni control, no ofrece la seguridad jurídica que exige cualquier inversor. Eso vale para el crudo del Zulia y vale para cualquier activo del planeta.
La exigencia de transparencia no es solo un gesto político. Es, ante todo, una condición de retorno. Sin instituciones independientes que fiscalicen cada dólar, el riesgo país se mantiene alto. El capital sigue esperando del otro lado. La demanda de licitaciones abiertas apunta, en el fondo, a devolverle a la inversión la certeza que un régimen sin legitimidad no puede ofrecer.
