El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y un grupo de senadores del PPD sellaron el miércoles un acuerdo puntual sobre invariabilidad tributaria en el marco de la megarreforma minera, luego de una jornada de negociaciones encabezadas por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).
La fórmula, que se plasmará en una indicación del Ejecutivo este viernes, contempla un esquema escalonado: 10 años de invariabilidad para inversiones de al menos US$50 millones; 15 años para proyectos de US$100 millones; y 20 años para iniciativas superiores a los US$350 millones. A cambio, los nuevos inversionistas pagarán una prima de 1,5% adicional sobre la tasa corporativa, a modo de seguro.
Originalmente el gobierno pretendía ofrecer 25 años de estabilidad tributaria para proyectos desde US$50 millones, condición que la izquierda rechazaba y que motivaba una impugnación ante el Tribunal Constitucional. El mecanismo escalonado fue redactado en borrador por los senadores Pedro Araya (PPD) y Ricardo Celis, y presentado a Hacienda como propuesta de destrabe.
Araya, senador por Antofagasta —zona minera que también representa Núñez—, fue descrito como uno de los puntales del acercamiento con el gobierno. En la votación en general del megaproyecto se había abstenido, única disidencia dentro de la oposición. Según la fuente, su estilo autónomo habría empujado a sus pares de bancada a sumarse para no quedar fuera de un pacto que se percibía inminente.
Al acuerdo se sumaron el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), y el senador Rodolfo Carter (Ind. republicano), quienes respaldaron la propuesta y se comprometieron a ayudar a convencer a Hacienda. Desde el gobierno, el biministro Claudio Alvarado (UDI) concurrió especialmente al Senado para contribuir a bajar tensiones.
Uno de los detalles técnicos pendientes al cierre de la jornada era el destino de los recursos generados por la prima del 1,5%: podrían compensar el Fondo Común Municipal o bien aliviar la deuda hospitalaria, lo que permitiría resolver simultáneamente otro nudo del megaproyecto exigido por alcaldes del oficialismo.
El acuerdo desató un quiebre interno en el PPD —partido que lidera Raúl Soto— y la reacción airada de otras colectividades de izquierda. La senadora independiente asociada Ximena Órdenes precisó este jueves que ella no sería parte del entendimiento.
La lectura de Ágora Capital es directa: la invariabilidad tributaria es, en esencia, una promesa del Estado de no mover el arco durante el partido. Que esa promesa haya requerido meses de negociación y termine acotada a 20 años máximo dice más sobre la desconfianza que genera el aparato regulatorio chileno que sobre la generosidad del acuerdo. Capital busca reglas claras, y reglas que caducan en dos décadas no son exactamente eso. Con todo, el mecanismo escalonado es mejor que la incertidumbre. El mercado —y las zonas mineras que viven de él— necesitaba al menos esta señal.
