La Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales, destinó 77 millones 250 mil 763 pesos a la realización del programa México Canta por la Paz y Contra las Adicciones, un concurso binacional de música con formato tipo reality dirigido a compositores e intérpretes mexicanos y mexicoamericanos, según información entregada por la dependencia en respuesta a una solicitud de acceso formulada por El Universal.
El contrato principal —con folio SC/DR-MSG/SSG/DGPFC/LP/066/2025— fue otorgado de forma conjunta a Exo Films, S.A. de C.V., representada por Rosa Yadira Nájera, y a Prestadora de Servicios Atenea, S.A. de C.V., representada por José Carlos Casillas. Ambas empresas fueron los únicos concursantes en una licitación pública nacional, de acuerdo con los documentos disponibles en la plataforma Compras MX.
El alcance del contrato incluyó alimentación, carpas, mobiliario, escenarios, contenidos audiovisuales, protección civil, traslados y hospedaje. El monto máximo original pactado era de 70 millones de pesos; un convenio modificatorio posterior elevó ese tope a 77 millones, cifra que finalmente fue erogada en su totalidad.
Un segundo contrato —folio SC/DGPFC-FIC/PSP/01039/2025— fue adjudicado a Alicia Elisabeth Aznarez por 250 mil 763 pesos para coordinar montajes, pruebas y ensayos conforme a las necesidades del evento. Adicionalmente, la Secretaría firmó un convenio de colaboración con el Consejo Mexicano de la Música para la organización, producción y difusión del concurso en sus etapas eliminatorias y final.
El perfil de las empresas adjudicatarias llama la atención. Exo Films fue constituida en 2021 y, según el Registro Público de Comercio, tiene un objeto social que abarca 31 actividades, desde producción cinematográfica hasta la concesión de préstamos. En 2022 y 2023 recibió contratos del ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, para impresión de lonas por 684 mil 400 pesos y 787 mil 381 pesos, respectivamente.
Prestadora de Servicios Atenea, constituida en 2013, acumuló entre 2024 y 2025 contratos por más de 3 millones de pesos vinculados a la «adquisición de cobertor, edredón, pierna ahumada y despensa» para trabajadores del sindicato de los tres poderes del estado de Durango. La fuente también documenta que la empresa recibió una suspensión temporal de su certificado de aptitud y fue incluida en el registro de contratistas sancionados del estado de Coahuila tras no hallarse el domicilio registrado. Según la misma fuente, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo le adjudicó, mediante invitación restringida, un contrato de 2 millones 995 mil 900 pesos para servicios especializados de análisis.
La iniciativa se enmarca, según el gobierno federal, en el objetivo de «fomentar narrativas musicales que eviten la apología de la violencia». El programa realizó presentaciones en sedes de México y Estados Unidos.
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El patrón es conocido: licitación con oferente único, monto que crece vía convenio modificatorio y adjudicatarios cuyo historial nada tiene que ver con producción audiovisual de gran escala. 77 millones de pesos del contribuyente mexicano canalizados a través de un proceso que, formalmente, cumplió los trámites, pero que en la práctica no generó competencia real ni garantía de valor por el dinero público.
Cuando el aparato estatal decide que su misión es producir realities musicales, el resultado casi siempre es el mismo: contratos opacos, empresas de perfil difuso y facturas que crecen. El libre mercado tiene un nombre para eso: riesgo sin retorno para quien lo financia, es decir, el ciudadano.
