Los números primero. Un mes después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella llegó este lunes 7 de septiembre a Quibdó con la cúpula empresarial del país para trazar la hoja de ruta de reconstrucción del Chocó.
A la cumbre fueron convocados líderes de la Organización Ardila Lülle; Jaime y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Alejandro Santo Domingo, de Valorem; Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, de Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; David Vélez, de Nubank, y Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar. El objetivo declarado es articular inversión, obras y mecanismos de reconstrucción entre el sector privado y el Gobierno.
El encuentro tiene un antecedente concreto. En una reunión en Barranquilla el 22 de agosto, De la Espriella pidió a Sarmiento, a los Gilinski y a Cortés reducir al 8% efectivo anual, durante toda la vida del crédito, la tasa para los préstamos de vivienda de los damnificados. Según el mandatario, los tres accedieron. Ese acuerdo de crédito privado, no de gasto público, fue el que abrió la puerta a la cita de Quibdó.
En paralelo, el Gobierno avanza en el llamado «Fondo Milagro», que administrará los recursos para la reconstrucción con una inversión anunciada de $30 billones, en coordinación con aseguradoras, banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y constructoras. El Ministerio de Vivienda ya solicitó $4 billones adicionales al Presupuesto General de la Nación. A esto se suma un subsidio de $875.452 por familia afectada, previsto inicialmente por tres meses. Las donaciones empresariales, según reportes previos, ya superan el billón de pesos.
El mandatario planteó el propósito de la reunión en términos directos: saldar «de una vez por todas» lo que llamó una deuda histórica del Estado con el Chocó, uno de los departamentos con mayores brechas económicas del país.
El mercado ya votó con la respuesta de los principales grupos financieros: crédito más barato para los damnificados, sin que el Estado tuviera que subsidiar directamente la tasa. Es la diferencia entre movilizar capital privado hacia una región castigada por décadas de abandono estatal y ampliar aún más el gasto público, que en este caso ya suma $30 billones en un fondo administrado por el propio Gobierno más otros $4 billones solicitados al presupuesto nacional.
Que el presidente convoque a los mayores capitalizadores del país —banca, agroindustria, tecnología, retail— en lugar de limitarse a anunciar subsidios, es coherente con la idea de que la reconstrucción duradera del Chocó dependerá menos de transferencias temporales y más de inversión, empleo y productividad sostenidos en el tiempo. El desafío ahora es que la hoja de ruta anunciada en Quibdó se traduzca en proyectos verificables y no en otro capítulo de promesas sin ejecución para el departamento.
