Diego Santilli recibió esta semana a los principales referentes del sector agroindustrial argentino. Estuvieron Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Gustavo Idígoras, titular del Consejo Agroindustrial Argentino; Marcos Hermansson, del Centro de Corredores; y otros representantes de ambas entidades.
El encuentro no giró en torno a un proyecto de ley específico. Giró en torno a algo más estructural: las condiciones para invertir. Según fuentes que participaron del encuentro, se habló de propiedad intelectual, reconocimiento de la innovación y mecanismos para incentivar el desarrollo tecnológico.
Como ejemplo concreto apareció GDM, una semillera argentina dedicada a la genética vegetal. Su caso ilustra la tensión de fondo: cómo proteger la inversión del obtentor sin cerrar el acceso del productor a su propia cosecha. Esa discusión lleva años sin resolverse. La ley de patentes habría sido mencionada por el ministro durante el intercambio, según las mismas fuentes.
La Bolsa de Cereales amplió el mapa en su comunicado oficial. Además de propiedad intelectual, se analizaron el proyecto de ley de biocombustibles, la modernización de la Marina Mercante y el Practicaje, infraestructura y logística, la extensión de los regímenes RIGI y RIMI al sector agropecuario, y la regularización dominial de terrenos ferroviarios.
Marra resumió el tono del encuentro: «Destacamos y celebramos la estabilidad macroeconómica, así como también la coincidencia de objetivos con el gobierno nacional en cuanto a promover la baja de la carga tributaria y la adopción de medidas que ayuden a la competitividad del aparato productivo y del comercio».
El escenario legislativo, sin embargo, exige cautela. Una fuente del Congreso describió un oficialismo que avanza con mayor cuidado tras el fracaso del capítulo de la ley de tierras y la ley de fuego. El Gobierno, según esa fuente, habría advertido que existe poco margen para errores. La estrategia actual apunta a cerrar acuerdos antes de llegar a comisión.
Los números primero: el agro argentino necesita inversión en tecnología, y la tecnología necesita reglas que la protejan. Sin propiedad intelectual robusta, el capital privado no asume el riesgo del mejoramiento genético. El Estado no puede reemplazar ese flujo. Solo puede facilitarlo o bloquearlo.
La reunión con Santilli sugiere que el Gobierno entiende esa lógica. El desafío es traducirla en legislación concreta sin tropezar en el camino. Capital busca reglas claras. El agro, también.
