La deuda que nadie pidió prestada
Venezuela acumula hoy una deuda externa estimada en 240.000 millones de dólares, cifra que representa un salto desde los 160.000 millones que circulaban como referencia hasta hace poco. El anuncio de una reestructuración formal y la contratación de asesores internacionales sacaron de la reserva a Miguel Rodríguez, exministro que dirigió junto con Pedro Tinoco y Carlos Hernández Delfino la única renegociación soberana exitosa del país: la que incorporó a Venezuela al Plan Brady durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Rodríguez plantea una quita superior a 90% y rechaza aceptar la cifra reclamada por los acreedores como punto de partida. Su argumento es histórico y estructural: la deuda de 1989 respondía a una crisis real de balanza de pagos, cuando el país transfería 4.000 millones de dólares anuales en servicio mientras su economía colapsaba. La de hoy, sostiene, se acumuló durante la mayor bonanza petrolera de la historia venezolana, cuando Hugo Chávez recibía ingresos sin precedentes y el país no tenía «ninguna necesidad económica de endeudarse masivamente».
Bonos al 10%-14% en plena bonanza
La acusación central de Rodríguez apunta al mecanismo de emisión: la República y PDVSA colocaron bonos con tasas de entre 10% y 14% anual, niveles propios de un deudor en situación extrema, en un momento en que el petróleo financiaba el gasto con holgura. Según su lectura, ese endeudamiento operó en paralelo con el control de cambio: primero se distribuían dólares preferenciales; luego, con esos mismos incentivos, se alimentaba el mercado de bonos. El resultado, afirma, fue una transferencia masiva hacia grupos privilegiados que arbitraron las distorsiones creadas por el propio Estado.
En 1989, recuerda, la estrategia de negociación comenzó con una declaración que nadie esperaba en Wall Street: ese año los bancos acreedores no cobrarían un solo dólar. Venezuela había asegurado previamente el respaldo del FMI, el Banco Mundial, el BID, el Eximbank de Japón, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York. Con ese paraguas multilateral, los acreedores aceptaron una reducción cercana a 60% y el servicio anual cayó de 4.000 millones a unos 1.200 millones de dólares.
Rodríguez propone replicar ese modelo institucional —equipo venezolano respaldado por organismos multilaterales— pero con una quita radicalmente mayor, y rechaza utilizar la riqueza petrolera como garantía de nuevo endeudamiento.
Lo que está en juego
El debate no es técnico: es político y moral. Si la tesis de Rodríguez prospera, Venezuela negociaría desde una posición de fuerza relativa, reconociendo solo la porción del pasivo que pueda atribuirse a necesidades legítimas de desarrollo. Si se impone la lógica de los acreedores —aceptar los 240.000 millones como base— el país hipotecaría décadas de ingreso petrolero para cubrir obligaciones que, según este diagnóstico, nacieron del saqueo institucional.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el principio es claro: una deuda contraída mediante mecanismos de corrupción y distorsión cambiaria no puede trasladarse íntegramente al contribuyente venezolano ni al patrimonio nacional. El verdadero riesgo no es la quita; es repetir el modelo que hizo posible ese endeudamiento. Mientras Venezuela no resuelva la pregunta del modelo económico —libre empresa, reglas claras, fin del control de cambio— cualquier reestructuración será, en el mejor caso, un alivio temporal.
