La fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta una acusación política de peso: según un análisis publicado por su rival republicana Saritha Komatireddy, exfiscal federal y exjefa de gabinete de la DEA, la oficina de James habría canalizado más de $54 millones en fondos del contribuyente hacia seis organizaciones legales que, según el reporte, trabajan para «desmantelar la seguridad pública».
La cifra representa casi una cuarta parte de los $226 millones en subsidios que la oficina del fiscal general ha distribuido desde que James asumió el cargo en enero de 2019. El vehículo utilizado, según el análisis, es el Homeowner Protection Program (HOPP), creado en 2012 por el entonces fiscal general Eric Schneiderman para asistir a propietarios neoyorquinos afectados por la crisis hipotecaria subprime.
El programa se financia hoy con fondos del presupuesto estatal, y la fiscal general tiene discreción exclusiva sobre su asignación. Komatireddy señala que casi todos los grupos «blandos con el crimen» financiados a través del HOPP destinan más recursos a servicios no relacionados con vivienda —como defensa criminal y activismo migratorio— que a la protección de propietarios o inquilinos.
«La fiscal general es la principal funcionaria de orden público del estado. Debería ser una aliada confiable de las fuerzas del orden», afirmó Komatireddy en un comunicado. «AG James es lo opuesto. Mientras los fiscales locales trabajan con recursos limitados para combatir el crimen, James está coludiendo con los criminales».
La candidata fue más directa en su conclusión: «No solo es un uso indebido flagrante de fondos —desviar dinero de vivienda hacia activismo antipolicial de extrema izquierda—. También socava activamente la seguridad pública en Nueva York».
El equipo de campaña de James rechazó las acusaciones y las calificó de «truco político barato» y «difamación». Un portavoz señaló que el HOPP «ha sido un salvavidas que ha mantenido a decenas de miles de neoyorquinos en sus hogares», y acusó a Komatireddy de «seleccionar cifras para manchar un programa que detiene el robo de escrituras, las estafas de ejecución hipotecaria y los prestadores predatorios».
El contexto político de James es complejo: ha demandado al presidente Trump en múltiples ocasiones y obtuvo una condena civil por fraude contra el empresario por inflar su patrimonio neto. Un tribunal de apelaciones anuló las multas de casi $500 millones por considerarlas excesivas, aunque mantuvo la condena. Por su parte, el Departamento de Justicia de Trump la imputó por presunto fraude hipotecario relacionado con una propiedad personal en Virginia, pero un juez desestimó el caso.
Komatireddy, de 41 años, busca convertirse en la primera republicana en ocupar ese cargo en décadas.
La lectura de Ágora Capital es directa: cuando el aparato estatal concentra discreción absoluta sobre cientos de millones de dólares sin contrapesos efectivos, el riesgo de captura ideológica del gasto público se vuelve sistémico. El debate no es solo electoral: es sobre si los fondos del contribuyente deben financiar litigios que debilitan la capacidad del Estado de proteger la propiedad y el orden. Capital busca reglas claras, y eso empieza por presupuestos con rendición de cuentas, no con cheques en blanco a discreción de un solo funcionario.
