Argentina lleva meses acumulando anuncios de inversión bajo el paraguas del RIGI, el Súper RIGI y el RIMI. Los tres instrumentos comparten una lógica: reducir impuestos, eliminar retenciones, flexibilizar el acceso a dólares y garantizar estabilidad regulatoria por 30 años. El telón de fondo es una economía con historial de cepos cambiarios, volatilidad regulatoria e incumplimientos contractuales que espantaron capital durante décadas.
El RIGI apunta a sectores como minería, hidrocarburos, energía, infraestructura, forestoindustria, turismo y siderurgia. El RIMI cubre micro, pequeñas y medianas inversiones y el sector agropecuario. El Súper RIGI —con media sanción de Diputados y en tránsito al Senado— se orienta a megaproyectos de nuevas industrias, infraestructura tecnológica, inteligencia artificial y sectores «altamente estratégicos».
El contexto global importa. Según datos de la Organización Mundial de Comercio, los incentivos tributarios canalizaron alrededor de US$100.000 millones en inversión durante la pandemia. Las ganancias de empresas transnacionales rondaron 25% gracias a diferenciaciones fiscales, mientras que firmas chinas reducen costos hasta 60% mediante esquemas de apoyo estatal.
Dante Sica, exministro de Producción y fundador de Abeceb, encuadra los regímenes como «un acelerador» de un cambio estructural: Argentina estaría transitando de un modelo basado en consumo público y privado hacia uno con inversión y exportaciones como motores. Sica señala que los beneficios fiscales en minería igualan las condiciones existentes en Perú y Chile, y que el esquema permite al inversor elegir el ámbito de litigio.
Sin embargo, el Ieral de la Fundación Mediterránea califica al Súper RIGI como «otra isla en el océano de distorsiones». El organismo reconoce que Argentina necesita inversiones, pero advierte que la vía correcta «no debería ser a través de nuevos regímenes de excepción cada vez más generosos para sectores específicos, sino mediante reformas generales que mejoren la competitividad de toda la economía».
Osvaldo Giordano, presidente del Ieral, sintetiza la tensión: «La preocupación es que la excepcionalidad se consolide como permanente. La esencia es mejorar la institucionalidad; a estos regímenes no hay que pedirles más de lo que pueden dar».
Diego Coatz, presidente de la consultora I+D, apunta un «problema de diseño» en el Súper RIGI: «muchos beneficios y pocas condicionalidades». Agrega un «problema de timing»: los proveedores vinculados al RIGI original no están creciendo, por lo que considera prioritario fortalecer ese ecosistema antes de escalar el régimen.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: los regímenes de incentivos son un síntoma, no una cura. Capital busca reglas claras, y la Argentina sigue ofreciendo reglas de excepción porque las reglas generales aún no inspiran confianza. El mérito del gobierno de Milei es haber abierto una ventana; el riesgo que señalan los propios expertos es que esa ventana se convierta en arquitectura permanente, perpetuando las asimetrías que el ajuste fiscal prometía eliminar. La apuesta tiene lógica de corto plazo. La pregunta que el mercado terminará respondiendo es si 30 años de estabilidad sectorial pueden sustituir a la institucionalidad que el país todavía debe construir.
