Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, también ha dejado su cargo en la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), según lo hizo oficial la empresa energética. Roa se desempeñaba como miembro de esa junta y formaba parte del Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación.
Su presencia en ISA era consecuencia directa de su posición al frente de Ecopetrol, cargo que asumió en abril de 2023. La petrolera estatal posee el 51,4 % de las acciones de ISA desde 2021, lo que le otorga representación clave en la junta de su filial eléctrica.
Roa afirmó que su salida de Ecopetrol se dio «por mutuo acuerdo» con la compañía. El retiro ocurre en un contexto de presión judicial: enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias y una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Gobierno corporativo, el flanco más dañado
El punto más álgido de su paso por ISA fue la injerencia en el proceso de selección del presidente de la compañía. Accionistas y miembros de la junta denunciaron que Roa manipuló ese proceso para imponer a Jorge Carrillo, pese a que el candidato no cumplía con los requisitos técnicos y había quedado en los últimos lugares en la evaluación de la firma cazatalentos Korn Ferry. El Consejo de Estado terminó anulando el nombramiento, confirmando las irregularidades señaladas.
La tensión escaló cuando Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia y miembro independiente de la junta, renunció al cargo. En su dimisión señaló al exgerente de campaña de Petro de ejercer un «control absoluto» sobre la empresa y de ignorar las advertencias del comité de gobierno corporativo.
En la Asamblea General de Accionistas, representantes de fondos de pensiones y accionistas minoritarios manifestaron su descontento con la permanencia de Roa, argumentando que sus problemas legales afectaban la reputación de ISA y que carecía de la solvencia moral necesaria para el cargo.
La sombra de una posible venta
Durante su gestión circularon versiones sobre una posible venta de ISA para financiar la transición energética. Roa negó hasta su último día que esa operación se hubiera planteado formalmente, aunque reconoció ante medios especializados que se realizaron valoraciones financieras, lo que alimentó las sospechas del mercado sobre el futuro del activo.
Con la salida de Roa de la junta de ISA se cierra un capítulo en el que los mercados expresaron preocupación por la injerencia política y un supuesto debilitamiento de los estándares de gobierno corporativo que caracterizaban a la compañía.
Desde Ágora Capital, el balance es claro: cuando el aparato estatal utiliza empresas estratégicas como extensión del proyecto político de turno, el costo lo pagan los accionistas minoritarios, los fondos de pensiones y, en última instancia, los ahorradores. ISA era una compañía reconocida por su gobierno corporativo sólido; dos años de interferencia bastaron para que ese activo intangible quedara bajo cuestionamiento. Capital busca reglas claras, y lo que documentan las fuentes es precisamente lo contrario: discrecionalidad, opacidad y un Consejo de Estado que tuvo que intervenir para corregir lo que el mercado ya había advertido.
