La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, bajo la dirección de Wendy Morales, asumió el control de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). Ambas entidades concentran más del 95% de los ingresos estatales, según reportó Confidencial.digital.
El traspaso incluyó despidos y renuncias dentro de las dos instituciones. Entre los cambios documentados figura la salida de Francisco José Baltodano Díaz, director de Fiscalización de la DGI. Según Confidencial.digital, Baltodano Díaz fue detenido tras una investigación interna por supuestos ingresos no justificados en cuentas asociadas a su nombre.
El economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda, recordó que la DGI y la DGA gozaban de una autonomía poco común dentro del aparato estatal: ni el ministro ni el viceministro de Hacienda podían influir directamente en sus operaciones. Ese grado de independencia administrativa desaparece con el traspaso.
La socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, considera que la incorporación de ambas direcciones a la Procuraduría forma parte de un proceso de concentración de funciones administrativas que reduce la autonomía de las instituciones encargadas de la economía. Confidencial.digital ha señalado que este proceso se inscribe en una tendencia de centralización institucional vinculada a la reforma constitucional de 2025, que reorganizó la jerarquía de los poderes públicos.
La DGI y la DGA han sido señaladas, además, como instancias que ejercen presión sobre el sector privado mediante auditorías y reparos fiscales. Empresarios y contribuyentes han manifestado que ambas direcciones aplican controles y revisiones que impactan su actividad económica.
El perfil de la funcionaria que ahora las supervisa añade una capa de riesgo adicional. Estados Unidos sancionó a Morales en dos ocasiones: en julio de 2023, al incluirla en la Lista Engel, y en marzo de 2024, mediante una medida del Departamento del Tesoro basada en supuestas violaciones a los derechos de propiedad y vínculos con la represión política. Según el subsecretario del Tesoro Brian Nelson, Morales habría aprovechado su cargo para facilitar acciones contra opositores políticos.
Bajo la Procuraduría ya recaen, además de la DGI y la DGA, la administración de registros públicos y la supervisión de minas. La entidad también absorbió funciones del Ministerio Público y tiene a su cargo la persecución de delitos comunes y la representación del Estado en tribunales.
La lectura de Ágora Capital es directa: cuando el control del 95% de la recaudación pasa a manos de una funcionaria con sanciones internacionales activas, la señal para el capital privado no necesita traducción. La previsibilidad fiscal y la seguridad jurídica —condiciones mínimas que cualquier inversor exige antes de comprometer recursos— quedan subordinadas a una estructura de poder sin contrapesos institucionales visibles. Los analistas citados en la fuente advierten sobre el impacto en la percepción de seguridad jurídica; el mercado, cuando evalúe el riesgo país, llegará a la misma conclusión por su propio camino.
