El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, cerró la puerta a una reducción del impuesto específico a los combustibles luego de que la Comisión de Hacienda aprobara la megarreforma tributaria. La sala del Senado deberá analizarla entre el martes y el miércoles.
La propuesta había llegado del senador independiente PPD Pedro Araya, quien condicionó su respaldo a ciertos aspectos de la megarreforma —entre ellos la invariabilidad tributaria— a una rebaja en ese gravamen. La respuesta del titular de las finanzas públicas fue terminante.
«El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa y no está arriba de la mesa», declaró Quiroz. «El tema fiscal es muy serio y por ello, desde este ministerio no lo hemos considerado tocar».
El secretario de Estado añadió que «la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa o quiera otra», y remató: «el tema fiscal no es transable. Nunca lo va a ser».
A pesar de la firmeza en ese punto, Quiroz mostró optimismo sobre el avance general del proyecto. Destacó que existe «buen ánimo de mirar ciertas cláusulas y normativas» y que hay «muchos más votos que una estricta mayoría oficialista». El ministro llamó a dejar atrás las disputas menores: «No va por ahí la cosa, la cosa va más bien por el progreso de Chile, el desarrollo, y aprobemos este proyecto lo antes posible».
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La postura de Quiroz revela una tensión clásica en todo proceso legislativo de gran calado: los actores con poder de veto intentan arrancar concesiones fiscales puntuales a cambio de su apoyo, mientras el Ejecutivo defiende la integridad del paquete. En este caso, el ministro optó por no ceder terreno en la estructura impositiva sobre combustibles, un rubro que incide directamente en los costos de transporte, logística y producción de toda la cadena económica.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el problema de fondo no es la negativa a bajar un impuesto, sino la lógica inversa que la rodea: el impuesto a los combustibles no debería ser una ficha de negociación política, sino objeto de un debate serio sobre competitividad y carga tributaria al sector productivo. Que su eventual rebaja se discuta únicamente como moneda de cambio legislativa —y no como política pública de largo plazo— ilustra cómo el aparato estatal prioriza la recaudación por encima de los incentivos a la libre empresa. Capital busca reglas claras; lo que obtuvo esta semana fue, al menos, una señal de que las reglas del juego fiscal no se reescriben en los pasillos del Senado.
