Los números llegaron antes que el debate político. Crux Analytics, plataforma de banca para pequeñas empresas, publicó esta semana un informe que cuantifica el daño colateral de la inestabilidad arancelaria sobre el segmento que concentra 36,2 millones de negocios en Estados Unidos.
El dato central: las quiebras de pequeñas empresas saltaron 67% interanual en el primer trimestre de 2026, de 499 a 833 casos. El total de quiebras empresariales —incluyendo firmas medianas y grandes— creció 14% en el mismo período, de 7.375 a 8.436.
El contexto regulatorio explica parte del movimiento. La Corte Suprema invalidó en febrero una porción de los aranceles implementados por la administración Trump el año anterior. El presidente instituyó de inmediato un nuevo paquete temporal de aranceles de emergencia. El 24 de julio esos vencieron y fueron reemplazados por aranceles permanentes sobre 80 naciones. Tres cambios de régimen en pocos meses.
«Es realmente una historia de volatilidad», dijo Jacob Bennett, CEO de Crux. «Han operado en un entorno donde no saben cómo van a cambiar las cosas, a veces día a día».
La Encuesta de Crédito a Pequeñas Empresas de la Fed —que cubre negocios con menos de 500 empleados— refuerza el diagnóstico: 77% reportó costos crecientes como principal obstáculo; 40% señaló específicamente los costos arancelarios como problema mayor, en especial fabricantes y minoristas. El 60% solicitó algún tipo de financiamiento en los últimos 12 meses; de ese grupo, 56% buscaba capital para operaciones diarias, no para expansión.
Esa última cifra es reveladora: cuando la mayoría del crédito sirve para sobrevivir y no para crecer, el ciclo de inversión se rompe.
La SBA dispersó un récord de 45.000 millones de dólares en sus programas 7(a) y 504 durante el año fiscal 2025, con más de 84.000 préstamos. Crux lo interpreta como «una huida hacia el crédito garantizado por el gobierno». En paralelo, el crédito bancario tradicional a empresas cayó.
No todos comparten el mismo nivel de alarma. Ami Kassar, CEO de Multifunding, firma de intermediación SBA con sede en Filadelfia, proyecta un crecimiento de entre 80% y 100% en su negocio este año. «Hay empresas que están en modo crucero a 100 millas por hora y todo está bien», dijo. Kassar también cuestionó la estadística de quiebras: dado que el proceso cuesta entre 30.000 y 50.000 dólares, la mayoría de los pequeños negocios simplemente cierra sin declararse en quiebra, lo que sugiere que el dato oficial subestima el problema real.
Scott Oliver, socio de Lewis Kappes en Indianápolis, validó el informe desde otra perspectiva: «Si algo hace, es poner datos detrás de conversaciones que hemos tenido con prestamistas y prestatarios durante bastante tiempo».
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el problema no es el arancel en sí —una herramienta legítima de política comercial— sino la incapacidad del marco regulatorio de ofrecer certeza mínima. El capital de trabajo se administra con horizontes; cuando esos horizontes cambian cada semana, el empresario deja de invertir y empieza a sobrevivir. Que el récord de préstamos SBA coexista con una caída del crédito bancario privado ilustra el patrón clásico: la incertidumbre expulsa al capital privado y lo sustituye por garantía estatal, trasladando el riesgo al contribuyente. La libre empresa no necesita aranceles cero; necesita reglas estables.
