Los aranceles entraron en vigor el viernes a las 12:01 a.m. Horas después, el Liberty Justice Center presentó la primera demanda contra la nueva política comercial de Donald Trump, argumentando que los gravámenes son «ilegalmente excesivos» y «arbitrarios y caprichosos».
La Casa Blanca fundamentó los aranceles en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al presidente a imponer aranceles cuando existe evidencia de prácticas comerciales desleales. En este caso, la administración alega que los países afectados no prohíben de manera adecuada la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Por qué esta vez es diferente
A diferencia de los aranceles del «Día de la Liberación» —que la Corte Suprema anuló porque el presidente carecía de autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)— la Sección 301 otorga explícitamente al Ejecutivo la facultad de imponer aranceles. Además, la ley exige un proceso de investigación previo, lo que genera, en palabras del economista Justin Wolfers, un «grueso expediente documental» que los tribunales suelen respetar.
El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, describió el estatuto en febrero como «increíblemente duradero desde el punto de vista legal». El abogado de comercio Robert Shapiro señaló a Forbes que los aranceles impuestos bajo leyes que «directamente autorizan aranceles» enfrentan un escrutinio judicial menor. Su colega Tim Brightbill añadió que la Ley de Comercio no exige «precisión matemática» para que las políticas resistan en los tribunales.
Nick Baker, co-líder de la práctica de Comercio y Aduanas de la firma Kroll, fue más directo: «Se espera que esta nueva iniciativa resista cualquier desafío legal y represente probablemente la nueva normalidad de la política comercial de EE.UU.»
Los argumentos de los demandantes
El Liberty Justice Center —el mismo grupo que participó en las demandas que terminaron anulando los aranceles IEEPA— sostiene que la Sección 301 es una «autoridad correctiva específica por país y por práctica», no una autorización general para gravar importaciones de forma casi universal. La demanda también cuestiona que la administración no explicó cómo tasas uniformes del 10% y 12,5% aplicadas a 60 economías con perfiles tan distintos reducirán efectivamente el trabajo forzado.
Algunos ex funcionarios comparten esa duda. Peter Harrell, ex director senior de economía internacional del gobierno Biden, advirtió al New York Times que Trump «reinterpreta el estatuto para imponer aranceles perpetuos sobre casi todas las importaciones». Alan Wm. Wolff, ex subdirector general de la OMC, predijo en un análisis para el Peterson Institute que los aranceles serán anulados por constituir «exceso presidencial», señalando que no existe «evidencia» de que vayan a reducir materialmente el trabajo forzado en otros países.
La ex funcionaria de comercio Sarah Bianchi resumió la tensión: «La Sección 301 ha sido bastante duradera legalmente. Pero nadie la ha utilizado para imponer aranceles universales».
La lectura de Ágora Capital
La solidez jurídica de la Sección 301 frente al IEEPA no es un detalle menor: representa una administración que aprendió de sus derrotas judiciales y construyó una base documental deliberada. Capital busca reglas claras, y un régimen arancelario que sobreviva a los tribunales —aunque debatible en su amplitud— ofrece más certeza que uno que puede colapsar de un fallo a otro.
El verdadero interrogante no es si la demanda prosperará, sino si el comercio global puede funcionar con tasas uniformes que ignoran los perfiles individuales de cada economía. Esa pregunta no la responden los jueces: la responde el mercado, y lo hará en los balances del próximo trimestre.
