El proyecto de presupuesto general del Estado de Panamá para 2027 asciende a cerca de $35,111 millones, según el documento analizado por La Prensa. La cifra confirma una tendencia que los mercados de deuda soberana ya monitorean con atención: el aparato estatal panameño expande sus compromisos a un ritmo que los ingresos corrientes no logran acompañar.
Solo la planilla del sector público no financiero —Gobierno Central, instituciones descentralizadas y empresas públicas— superará los $8,000 millones. Los ingresos por dividendos y recaudación tributaria, según la misma fuente, resultan insuficientes para cubrir esa carga. La diferencia la cubre, en buena parte, deuda.
A ese escenario se suma una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia: el reconocimiento del pago de prima de antigüedad a ministros, diputados, alcaldes, directores y otros funcionarios de elección o alta jerarquía. El fallo introduce un gasto de carácter permanente cuya fuente de financiamiento no ha sido identificada en el proyecto presupuestario.
La pregunta que plantea el análisis es directa: ¿cuánto tiempo podrá el país sostener un Estado que crece más rápido que la economía que lo financia? La responsabilidad fiscal exige que toda decisión con impacto presupuestario esté respaldada por una fuente de recursos concreta. Hasta ahora, esa respuesta no aparece en el proyecto.
Lo que el mercado observa
Panamá necesita mantener el acceso a los mercados internacionales de capital en un contexto donde el Canal sigue siendo el principal activo estratégico del país y donde la administración Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica y la atracción de inversión. Un presupuesto cuyo gasto corriente crece de forma estructural —planilla, primas, compromisos institucionales— erosiona exactamente ese perfil.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: el problema no es el tamaño del Estado en abstracto, sino la composición del gasto. Cuando los recursos se concentran en planilla y beneficios para la burocracia en lugar de infraestructura productiva o servicios que eleven la competitividad, el retorno para el contribuyente se diluye. Capital busca reglas claras y finanzas públicas predecibles; un presupuesto que crece por el lado del gasto corriente, financiado con deuda, envía la señal contraria. El riesgo país no es solo un número en una pantalla: es el costo que paga cada panameño cada vez que el Estado gasta más de lo que produce.
