La Refinería Talara, operada por Petroperú, permanece completamente fuera de servicio desde el 28 de julio. La causa documentada es una sola: la empresa estatal no tiene fondos para comprar crudo ni para pagar a sus proveedores.
Dos buques contratados por Petroperú aguardan fondeados frente a la costa norte sin poder descargar, a la espera de que la estatal autorice el desembolso correspondiente. El stock de crudo disponible en Talara ronda los 30.000 barriles, según fuentes del sector consultadas por Infobae —cantidad insuficiente para sostener la operación siquiera medio día—. La unidad de flexicoquing permanece detenida por una parada programada; el resto de las plantas, por ausencia de materia prima.
La paralización fue atribuida oficialmente a «una restricción en el suministro de petróleo crudo, derivada de las condiciones actuales de liquidez» y al cierre temporal del puerto de Talara por oleajes anómalos. Sin embargo, otras fuentes consultadas por Infobae señalaron que el factor determinante es la falta de fondos, y que el cierre portuario solo agravó una crisis preexistente.
El contexto internacional hace la imagen más dura: el crudo Brent se cotiza en USD 89 por barril y el diésel supera los USD 178 por barril. En condiciones normales, esos precios asegurarían márgenes considerables para cualquier refinería operativa. Petroperú no puede aprovechar ese escenario.
El rescate de USD 2.000 millones, bloqueado
El Decreto de Urgencia N° 003-2026, publicado el 11 de mayo, autorizó la entrega de USD 2.000 millones para garantizar la continuidad operativa de Petroperú. El manejo quedó en manos de ProInversión, que estableció controles estrictos y destinó el financiamiento exclusivamente al sostenimiento operativo, prohibiendo su uso para el pago de otras deudas.
Hasta la fecha, el vehículo fiduciario para administrar el rescate no se ha constituido, dejando los recursos congelados. Según comunicaciones internas citadas por Infobae, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, instó a acelerar la habilitación de los fondos ante el riesgo de colapso operativo. El plazo para liberar los primeros USD 500 millones venció sin que se concrete el desembolso.
En abril, la administración anterior de Petroperú ya había advertido sobre el riesgo de detener las refinerías de Talara y Conchán si no llegaba el financiamiento. La paralización está prevista al menos hasta el 5 de agosto.
La lectura del mercado
Este episodio es el retrato más nítido de lo que ocurre cuando el aparato estatal administra activos productivos: un decreto de rescate firmado, un fideicomiso sin constituir, un plazo vencido y una refinería parada mientras el precio del crudo ofrece margen. El costo no lo absorbe la burocracia que bloqueó el desembolso; lo absorbe la cadena de proveedores, los contratistas impagos y, en última instancia, el contribuyente peruano que ya avaló USD 2.000 millones.
Capital busca reglas claras y decisiones ejecutables. Petroperú lleva años demostrando que la propiedad estatal de activos industriales no es una política energética: es una transferencia de riesgo desde la empresa hacia el ciudadano, sin el contrapeso de la disciplina de mercado.
