El presidente Gustavo Petro publicó un nuevo mensaje en el que afirmó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está «a punto de romper su palabra» sobre la reapertura del Hospital San Juan de Dios. En el mismo pronunciamiento, convocó a trabajadores del hospital y a víctimas de violencia sexual a presentar tutelas y acciones de desacato para forzar la apertura del complejo.
«Quiero llamar a trabajadores del San Juan y víctimas mujeres de la violencia sexual a poner tutelas y acciones de desacato judicial para lograr la apertura de servicios médicos del San Juan de Dios», escribió el mandatario en su cuenta de X.
Las cifras que maneja el Gobierno son considerables. Según Petro, la Nación ya invirtió 700.000 millones de pesos en el complejo y dejó comprometidos en vigencias futuras un billón y medio de pesos adicionales. Además, afirmó que 194.000 millones de pesos fueron trasladados para la construcción del Hospital de la Paz en Cumaral, Meta, destinado a la atención de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Esa sede, según indicó, fue diseñada por el arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker.
La Alcaldía de Bogotá, sin embargo, sostiene una posición distinta. Galán respondió a través de X negando que el Distrito esté bloqueando la reapertura. «Presidente, lo veo confundido», escribió el alcalde, quien señaló que el Gobierno nacional aún no ha presentado la solicitud formal de habilitación y que persisten requisitos técnicos y administrativos pendientes: falta un plan de movilidad que garantice la seguridad de pacientes y trabajadores, y las obras de los consultorios no han concluido.
El cruce se produce a un día de distancia de un primer intercambio público entre ambos mandatarios, en el que Petro aseguró que el hospital está en condiciones de iniciar progresivamente la prestación de servicios, mientras el Distrito insiste en que no se han cumplido las condiciones para otorgar la habilitación.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra con precisión el costo de politizar la infraestructura de salud. Más de 700.000 millones de pesos del erario invertidos y un hospital que no abre no por falta de dinero, sino por ausencia de los requisitos básicos que cualquier operador privado habría resuelto antes de inaugurar. Petro elige la vía judicial y la movilización como sustituto de la gestión técnica, una táctica que puede generar ruido político en sus últimas semanas de mandato pero que no conecta un solo paciente a una cama.
El capital público, como el privado, requiere reglas claras y ejecución ordenada para producir retorno social. Cuando el aparato estatal reemplaza el cumplimiento de requisitos con presión judicial, el riesgo no lo asume el funcionario que firma el tuit: lo asumen los contribuyentes que ya pusieron el dinero y los pacientes que siguen esperando.
