El Gobierno de Gustavo Petro radicó su quinta reforma tributaria con una meta de recaudo de $21,9 billones adicionales en 2027, equivalentes al 1% del PIB. La iniciativa fue presentada oficialmente el 20 de julio de 2026 por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, acompañado de congresistas en su mayoría del Pacto Histórico.
El proyecto se articula en cuatro pilares. El primero —reducción del gasto tributario— aportaría $6,7 billones mediante la eliminación de beneficios que el Ejecutivo califica de ineficientes: restablecimiento del IVA del 19% a vehículos híbridos (desde el 5% actual), juegos de suerte y azar en línea, conciertos y eventos deportivos, e incremento gradual del IVA al ingreso del productor de gasolina y ACPM hasta el 10%.
El segundo pilar es el de mayor peso: $8,5 billones provenientes de reducir las exoneraciones de aportes patronales a salud, SENA e ICBF. El umbral para acceder a esas exoneraciones bajaría de diez a tres salarios mínimos, lo que implica un alza directa en el costo laboral para las empresas que contratan por encima de ese umbral.
El tercer componente apunta a $3,4 billones vía progresividad: el umbral del impuesto al patrimonio caería de 72.000 a 40.000 UVT, se crearían nuevas tarifas marginales de hasta el 5% para los patrimonios de mayor valor y la sobretasa al sector financiero escalaría del 5% al 15%. La tarifa máxima de renta para personas naturales pasaría del 39% al 41%, con efecto principal desde 2028.
El cuarto pilar —salud pública y medio ambiente— busca $3,2 billones: IVA del 19% a licores, mayores impuestos a cigarrillos y vapeadores, un impuesto al consumo del 19% para eventos de esparcimiento que superen los $500.000, y la eliminación de la exención de IVA a importaciones de bajo costo inferiores a US$200. La tarifa de Presencia Económica Significativa (PES) para servicios digitales del exterior subiría del 3% al 5%.
En el sector minero-energético se propone un impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón. Las proyecciones oficiales estiman un recaudo de $32,8 billones en 2028, $35 billones en 2029 y $37 billones en 2030.
La exposición de motivos sostiene que más del 90% del presupuesto ya está comprometido por obligaciones constitucionales y legales, y que la reforma es necesaria para cumplir la Regla Fiscal y evitar un mayor desfinanciamiento.
La lectura de Ágora Capital es directa. El aparato estatal colombiano llega a su quinto intento de extracción fiscal en un ciclo de gobierno que no logró consolidar una mayoría legislativa estable. El pilar más oneroso —los $8,5 billones que salen del bolsillo de los empleadores al reducir el umbral de exoneraciones— es un desincentivo neto a la contratación formal en un mercado laboral que no necesita más fricciones. Gravar vehículos híbridos al 19% cuando el propio Gobierno promueve la transición energética es, en el mejor de los casos, una incoherencia de diseño.
El capital busca reglas claras. Lo que esta reforma ofrece es incertidumbre recurrente: cinco proyectos en un mismo período presidencial son cinco señales de que el Ejecutivo no controla su propio gasto y prefiere buscar nuevos ingresos antes de ajustar la estructura del Estado. El mercado ya tomó nota.
