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Perú impone cadena perpetua a dos venezolanos por matar a un chofer que debía dos dólares de extorsión

El Poder Judicial condenó también a otros dos ciudadanos venezolanos a nueve años de prisión por el mismo crimen en Los Olivos.
Imagen ilustrativa
domingo 6 de septiembre de 2026

El Poder Judicial de Perú dictó cadena perpetua contra dos ciudadanos venezolanos. Se trata de María Ruiz, de 41 años, y Óscar Salinas, de 27. Ambos fueron hallados culpables de extorsión agravada.

La víctima fue Jorge Ríos Lafite. Tenía 21 años y trabajaba como chofer de autobús. Sicarios lo acribillaron en setiembre de 2024, en el distrito de Los Olivos. Lo mataron mientras esperaba pasajeros dentro de su propia unidad.

El joven pagaba una cuota diaria de dos dólares. Ese pago era la condición para poder trabajar en su ruta. Días antes del asesinato, se retrasó en la entrega del dinero. Su autobús había tenido desperfectos mecánicos.

Ese atraso, según los hechos documentados en el proceso, habría bastado para que los extorsionadores decidieran matarlo. La cifra en juego era mínima. Dos dólares diarios definieron una sentencia de cadena perpetua.

El mismo caso judicial incluyó a otros dos ciudadanos venezolanos. Yofran Vargas, de 30 años, y Jesús Chacón, de 27, recibieron nueve años de prisión. La condena distinta refleja distintos grados de responsabilidad dentro de la misma red.

Los números primero. Una cuota de dos dólares diarios no financia una organización criminal sofisticada. Financia, en cambio, el control territorial de una economía informal que no puede recurrir a la policía ni a un contrato exigible. Ese es el verdadero costo de la extorsión: no el monto cobrado, sino la destrucción de cualquier certeza de que el trabajo honesto será respetado.

El caso de Ríos Lafite expone algo más amplio que un crimen aislado. Miles de transportistas y comerciantes en Lima operan bajo el mismo esquema de cuotas diarias. Cuando el Estado no logra garantizar que trabajar sea seguro, el mercado informal termina regulado por sicarios en lugar de jueces.

La sentencia de cadena perpetua envía una señal clara sobre el costo de este tipo de crimen para quienes lo cometen. Pero la señal más urgente sigue pendiente: la que debería llegar antes del asesinato, no después. Mientras la extorsión funcione como impuesto paralelo sobre el trabajo, la inversión y la creación de empleo formal seguirán retrocediendo frente al miedo.

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