Pemex se deslindó del derrame de un producto con características de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz, después de que pobladores y autoridades municipales reportaran contaminación en el afluente.
El Ayuntamiento de Chinameca informó que, tras reportes y supervisiones de campo, detectó presencia de contaminación en el río. El alcalde Santiago Cortés Padua pidió a la población no consumir, extraer ni usar agua del río para ninguna actividad, desde beber hasta riego o uso en animales.
La petrolera respondió en su cuenta de X que, tras verificar su infraestructura, «no se identificó fuga, pérdida de contención o anomalía alguna». También sostuvo que el producto «proviene de instalaciones y operaciones ajenas a Pemex».
Pemex añadió que acudió a la zona en atención a una solicitud de apoyo de Protección Civil del municipio de Minatitlán y que proporcionó equipo especializado para las labores de contención y recuperación del producto. La empresa afirmó además que mantiene monitoreo en el área y reiteró su compromiso con la seguridad, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente.
La contaminación alcanzó al menos siete kilómetros del río Chacalapa, de acuerdo con la información difundida junto con el reporte del derrame. La respuesta de las autoridades locales muestra una realidad incómoda: cuando el agua queda comprometida, el costo inmediato lo absorben las familias, no la burocracia ni la empresa que fue llamada a explicar lo ocurrido.
El mercado y la sociedad exigen algo elemental: trazabilidad, infraestructura confiable y responsabilidades claras. Si el origen no está en Pemex, el deslinde deberá sostenerse con hechos; si no, el incidente volverá a exhibir el precio de operar en un entorno donde el daño ambiental y la incertidumbre recaen sobre terceros. Capital busca reglas claras, también en energía y medio ambiente.
