La Zona Libre de Colón (ZLC) recibe una inversión pública superior a $254 millones orientada a modernizar infraestructura, sistemas digitales y controles de cumplimiento. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), presidida por Aurelio Barría Pino, calificó el desembolso como «un punto de inflexión» para la competitividad de la zona franca.
Los números respaldan la apuesta. La ZLC genera cerca de 18 mil empleos directos y otros 36 mil indirectos, y registra transacciones anuales por aproximadamente $28 mil millones, según cifras citadas por el gremio. Casi ocho décadas de operación continua la consolidan como uno de los principales motores de la economía nacional.
Entre los proyectos concretos, la Cciap destacó New Field, que apunta a atraer empresas de manufactura, ensamblaje, logística y servicios de alto valor agregado. También mencionó la modernización de los sistemas DMCE y Colón Puerto Libre, que buscan mejorar la trazabilidad de las operaciones y agilizar procesos.
En materia de transparencia y seguridad, el gremio enumeró la creación de la primera Oficina de Cumplimiento, la certificación de auditores BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001 y la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas. A ello se suma un Centro de Monitoreo y Videovigilancia y cooperación con el Gobierno de Estados Unidos para reforzar la capacidad de inspección con tecnología de última generación.
La coordinación institucional involucra a la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Ingresos. La Cciap subrayó que este entramado regulatorio busca «reforzar la confianza en las operaciones de la zona franca», condición cada vez más exigida por socios comerciales y organismos multilaterales.
Geográficamente, la ZLC mantiene una ventaja difícil de replicar: su cercanía con los puertos del Caribe facilita la distribución hacia Centroamérica, el Caribe y la Comunidad Andina. La Cciap añadió que la actualización permitirá aprovechar la integración económica regional y fortalecer relaciones con mercados estratégicos, incluidos los países del Mercosur.
Lectura editorial. Capital busca reglas claras, y la ZLC lleva décadas demostrando que la libre empresa prospera cuando el Estado se limita a garantizar infraestructura, seguridad jurídica y controles eficientes —no a sustituir al mercado—. La inversión de $254 millones tiene sentido precisamente porque no financia burocracia adicional, sino conectividad, trazabilidad y cumplimiento: los tres ingredientes que convierten una zona franca en destino de inversión real.
El riesgo, como siempre, es que la coordinación interinstitucional derive en capas regulatorias que encarezcan la operación. El gobierno de Mulino tiene la oportunidad de demostrar que modernizar no equivale a recargar: si los tiempos de despacho caen y los costos de cumplimiento se mantienen competitivos, los $28 mil millones en transacciones anuales crecerán solos.
