El presidente Gustavo Petro enfrenta su peor semana política en lo que va del año. El caso de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero —señaladas por la revista Semana de integrar una presunta red que cobraba millonarias sumas a empresarios a cambio de facilitar contratos en ministerios de Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad— ha generado una fractura visible dentro del propio Pacto Histórico.
Según la investigación de Semana, la red habría cobrado desde un millón de pesos por una reunión inicial hasta anticipos de 200 millones de pesos, además de exigir el 10% del valor de los contratos gestionados. Los pagos documentados habrían superado los 600 millones de pesos, aunque ningún contrato terminó adjudicándose.
Petro respondió en su cuenta de X con una lectura inversa: «Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos porque no les cumplieron (...). El Gobierno impidió robar». Un día después endureció su postura y pidió a las hermanas denunciar a quienes buscaron «corromperlas», devolver el dinero recibido y colaborar con la Fiscalía. También rechazó versiones sobre supuestas relaciones personales con Juliana Guerrero.
Pero mientras el mandatario construía esa defensa, su entorno político se desmarcaba con una velocidad inusual. La exsenadora María José Pizarro calificó el caso como «la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano» y exigió investigaciones «a profundidad y sin dilaciones». La representante del Pacto Histórico Laura Beltrán fue más directa: afirmó que «lo de Juliana Guerrero es indefendible» y describió a la implicada como «corrupta y ambiciosa».
El excongresista Gustavo Bolívar, uno de los aliados más cercanos de Petro, declaró que «no se puede ser tibio» y exigió que «caiga el que tenga que caer». Iván Cepeda, dirigente del Pacto Histórico, también rechazó cualquier acto de corrupción y pidió investigaciones independientes y rigurosas.
El golpe más personal llegó desde Mary Luz Herrán, primera esposa de Petro, quien publicó un mensaje en el que le reclamó directamente: «Hoy es imposible apoyarte». Herrán le pidió al presidente no defender «lo indefendible» y advirtió que «las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti».
En el plano judicial, la representante Jennifer Pedraza —quien ya había denunciado presuntos títulos universitarios falsos de Juliana Guerrero— anunció una segunda denuncia penal contra ambas hermanas por presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares. Pedraza exigió que la investigación alcance también a colaboradores, empresarios y servidores públicos involucrados.
El mercado político colombiano ya emitió su veredicto interno: cuando los propios aliados califican el caso de indefendible y la primera esposa del presidente le pide que no defienda lo que no tiene defensa, el costo de la lealtad mal administrada lo paga el proyecto entero. El petrismo llegó al poder con un relato de ruptura con la corrupción tradicional; ese relato es hoy el principal activo en riesgo. Capital busca reglas claras, y ningún inversionista —político o económico— apuesta por un gobierno que no puede distinguir entre lealtad y encubrimiento.
