El régimen de Daniel Ortega encajó una semana de presión internacional inusualmente amplia. Más de una decena de países y organismos condenaron la decisión del mandatario de declarar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones» para impedir el regreso de la oposición al poder. La lista de críticos creció con los días: Perú, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Brasil y Bolivia se sumaron a los rechazos iniciales. Incluso el Grupo de Puebla —foro de líderes de la izquierda iberoamericana— objetó el fin de la competencia electoral.
Ante ese cuadro, Rosario Murillo tomó el micrófono este viernes en medios oficialistas y anunció una ronda de reuniones para la próxima semana con empresarios, inversionistas y embajadores acreditados en el país. «La próxima semana se van a realizar consultas con empresarios, con inversionistas, con embajadores. En fin, vamos a informar, pero además con todos los estamentos de nuestra patria bendita», afirmó.
El anuncio contrasta con la postura que el régimen sostuvo desde el domingo. Hasta ahora, la respuesta oficial a la presión externa se canalizó a través de comunicados de la Cancillería con tono de confrontación. Uno de los episodios más visibles fue el mensaje dirigido a República Dominicana, cuyas autoridades fueron descritas por el régimen con la frase «voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones». Chile fue acusado de actitud injerencista; a Bolivia se le pidió que respetara el ordenamiento jurídico nicaragüense.
Murillo encuadró el nuevo acercamiento como un esfuerzo para reforzar la estabilidad del país. «Estabilidad, palabra mágica en este mundo, estabilidad para avanzar contra la pobreza y por el bienestar de las familias», declaró. El régimen evitó emplear un tono crítico equivalente en sus reacciones hacia Estados Unidos.
El giro de tono llega tarde y luce instrumental. Un régimen que clausura la competencia política el domingo y convoca a empresarios e inversores el viernes siguiente no está ofreciendo reglas claras: está comprando tiempo. El capital privado —local o extranjero— necesita certeza jurídica, no audiencias de cortesía con un aparato estatal que acaba de redefinir las reglas del juego a su conveniencia. Que incluso el Grupo de Puebla, referente de la izquierda regional, haya cuestionado la medida ilustra el nivel de aislamiento al que se expone Managua. La estabilidad que Murillo proclama como «palabra mágica» no se decreta desde un podio; se construye con instituciones, contratos respetados y elecciones competitivas. Sin esos pilares, las reuniones de la próxima semana serán, en el mejor de los casos, un ejercicio de relaciones públicas.
