Daniel Ortega, el dictador nicaragüense que lleva en el poder desde 2007, anunció el 19 de julio que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder». La declaración se produjo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista y despeja cualquier duda sobre la dirección del régimen.
Días después, el Parlamento —subordinado a la Presidencia— presentó una iniciativa de reforma parcial a la Constitución. El texto propone extender el mandato presidencial de seis a siete años prorrogables y excluir del juego político a quienes el Gobierno sandinista catalogue como «golpistas» o «traidores a la patria». La arquitectura es transparente: ampliar el horizonte temporal del poder y eliminar por decreto a los adversarios que pudieran disputarlo.
Kevin Michael O'Reilly, exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, fue directo en su análisis. «Ortega regresó a la Presidencia el 10 de enero de 2007, y él y su esposa —la copresidenta Rosario Murillo— claramente harán todo lo posible para salir del poder solo con los pies por delante. No se someterán a ningún proceso sin un resultado predeterminado a su favor», escribió el diplomático. Según O'Reilly, el régimen no contempla ningún escenario de transición voluntaria.
La trayectoria de Ortega respalda esa lectura. El exguerrillero coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, presidió el país por primera vez de 1985 a 1990 y retomó la Presidencia en 2007. En total, acumula treinta años en el ejercicio del poder, la marca más larga en la historia de Nicaragua.
La maniobra constitucional sigue un patrón conocido en la región: cuando el calendario electoral representa un riesgo, el aparato estatal lo neutraliza. Primero se controlan los árbitros, luego se redefinen las reglas y, en el límite, se suprime el mecanismo mismo. Ortega ha llegado al tercer paso.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, lo que ocurre en Managua no es una anomalía aislada: es la expresión más descarnada de lo que sucede cuando un régimen carece de contrapesos institucionales y de una sociedad civil con acceso a recursos y libertades económicas. Capital e inversión no se instalan donde las reglas las fija un solo hombre con vocación vitalicia. La reforma que avanza en el Parlamento nicaragüense no solo cierra el espacio democrático; consolida la incertidumbre jurídica que ahuyenta cualquier flujo productivo y condena al país a otra década de empobrecimiento bajo el peso del aparato sandinista.
