El aparato estatal nicaragüense ha confiscado al menos 135 propiedades de opositores por un valor superior a los 250 millones de dólares, según el informe La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, elaborado por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.
El mecanismo es sistemático. En 2023, Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsaron reformas para desnacionalizar a 222 presos políticos enviados al exilio y, posteriormente, a otras 95 personas identificadas como opositoras. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó de forma exprés la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense. Quien sea declarado culpable de «traición a la patria» no solo pierde la ciudadanía: queda expuesto a la confiscación de todos sus bienes, que pasan a ser administrados por el Estado.
La doctora Anely Pérez, médica y figura de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue detenida en marzo de 2023. Días después la subieron a un vehículo custodiado y la llevaron al aeropuerto junto a su familia; solo les permitieron empacar un bolso de mano. La casa familiar, una herencia del esposo ubicada en un barrio residencial de Managua, fue pintada y remodelada en mayo de este año. Desde el exilio, Pérez no sabe quién la ocupa. «Esa casa es robada», declaró a France 24.
El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro, quien perdió una propiedad heredada de su padre en Granada tras su destierro en 2023, afirma que «no existe ninguna base legal» y que «Ortega lo está haciendo con toda la impunidad».
Según el analista Eliseo Núñez, el ciclo actual remite a las expropiaciones conocidas como «La Piñata» de 1990, cuando el FSLN utilizó leyes de regularización de la propiedad para transferir bienes del Estado a particulares vinculados al sandinismo. Aquella primera piñata, recuerda el informe de OPTA, le costó a Nicaragua una deuda de más de 2.000 millones de dólares en indemnizaciones que el Estado aún pagaba mediante Bonos de Pago por Indemnización incorporados al Presupuesto General desde 1998.
Chamorro advierte que los casos documentados son apenas una fracción del fenómeno. Muchos familiares permanecen dentro del país y optan por el silencio para evitar represalias. «Hay muchas propiedades donde aún están familiares y esos son los que menos están hablando, evidentemente, porque si hacen ruido saben que les van a caer», sostuvo.
Naciones Unidas ya había denunciado que la política de despojo se ejecutaba principalmente bajo las sombras antes de contar con respaldo jurídico formal. La nueva legislación, señalan analistas, no legitimó el despojo: solo lo vistió de legalidad.
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Lo que ocurre en Nicaragua es un manual de destrucción de la propiedad privada financiado, en última instancia, por el propio contribuyente nicaragüense. La primera piñata dejó una deuda de más de 2.000 millones de dólares que el erario cargó durante décadas; esta segunda ronda promete una factura aún mayor, además del daño irreparable al Estado de derecho y a cualquier posibilidad de inversión productiva en el país.
Capital busca reglas claras. Cuando el riesgo de confiscación arbitraria reemplaza al marco jurídico, el flujo de inversión no regresa hasta que cambia el régimen que lo expulsó. Nicaragua no enfrenta solo una crisis de derechos humanos: enfrenta el colapso de los incentivos que hacen funcionar una economía.
