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ONG chilena pidió sanciones comerciales ante la USTR y puso en la mira US$ 2.399 millones en salmón exportado a EE.UU.

Fundación Libera presentó un documento de 15 páginas ante el máximo organismo comercial de Washington acusando trabajo forzoso documentado en las cadenas agrícola y salmonera de Chile. La USTR ya propuso elevar el arancel punitivo al 12,5% sobre exportaciones chilenas.
Imagen ilustrativa
lunes 20 de julio de 2026

La Fundación Libera, ONG chilena dedicada a combatir la trata de personas, se convirtió en uno de los actores centrales del proceso que hoy amenaza con encarecer las exportaciones de salmón y fruta de Chile al mercado estadounidense.

Todo comenzó el 12 de marzo de 2026, cuando el gobierno de Donald Trump abrió una investigación formal sobre supuestas vulneraciones a los derechos laborales en cadenas de suministro globales. El proceso abarcó 60 economías, entre ellas Chile.

El 2 de junio, la USTR —la máxima entidad comercial de EE.UU.— anunció que Chile y otras 53 economías incumplían los estándares exigidos para erradicar el trabajo forzoso. A partir de ahí, abrió una fase de comentarios a su decisión de proponer la aplicación de un arancel punitivo del 12,5% sobre exportaciones chilenas que hasta entonces tributaban al 10%.

El 7 de julio comenzaron las audiencias públicas. Los primeros en comparecer por Chile fueron la Fundación Libera y SalmonChile, con posiciones encontradas.

El argumento de Libera

En un documento de 15 páginas ingresado a la USTR el 14 de abril de 2026, Libera acusó que en los sectores agrícola y salmonero chilenos se han documentado los 11 indicadores de trabajo forzoso establecidos por la OIT: restricción de movimiento, retención de salarios, aislamiento y engaño, entre otros.

La ONG denunció además que el Estado chileno tolera estas prácticas al no fiscalizarlas penalmente, lo que —según el texto— permite a las empresas reducir artificialmente sus costos mediante «dumping social» que «distorsiona el valor de los bienes que ingresan al mercado estadounidense».

Libera solicitó explícitamente sanciones y restricciones de importación para la industria salmonera y el sector agrícola frutícola, con mención específica a arándanos, mandarinas y clementinas. También exigió al comité estadounidense que requiera a Chile reformas legislativas urgentes, como la tipificación del trabajo forzoso como delito autónomo.

Las cifras en juego

Las exportaciones agrícolas chilenas sumaron US$ 9.460 millones en 2025, según ODEPA y datos del Banco Central. Las salmoneras alcanzaron US$ 6.549 millones en el mismo período, según SalmonChile. Solo los envíos de salmón a Estados Unidos totalizaron US$ 2.399 millones, equivalentes al 40% de las exportaciones sectoriales.

Quién es Libera

Fundación Libera es presidida por Carolina Rudnick, abogada de la Universidad de Concepción y exasesora del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015. La organización integra redes internacionales como la Global Alliance Against Trafficking of Women (GAATW), OECDWatch y la Coalition against Forced Labor in Trade (CAFLT). Esta última red incluye a The Freedom Fund, organización británico-estadounidense financiada, entre otros, por las fundaciones de Bill y Melinda Gates, el grupo Bloomberg y el fondo privado del multimillonario neozelandés Christopher Chandler a través de Legatum.

En Chile, Libera ganó notoriedad en 2024 al señalar al Fiscal Nacional Ángel Valencia en medio de casos de trata de personas en la región del Maule, donde representó a más de una veintena de trabajadores migrantes haitianos y venezolanos.

Lectura editorial

El caso expone una paradoja incómoda para quienes creen en el libre comercio como motor de prosperidad: son actores no gubernamentales —financiados en parte por grandes fundaciones del mundo anglosajón— quienes activan el aparato arancelario de Washington contra exportadores privados chilenos, invocando estándares laborales que el propio Estado chileno no ha codificado en su legislación penal.

El principio es válido: el trabajo forzoso distorsiona la competencia y merece sanción. Pero el mecanismo elegido —presión arancelaria externa en lugar de reforma institucional interna— revela que la omisión regulatoria del Estado chileno tiene un costo directo para la libre empresa: deja a los exportadores formales expuestos a ser juzgados por las reglas de otros.

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