El aparato burocrático de Nueva York ya está en marcha. La ciudad comenzó a enviar cartas a decenas de miles de propietarios advirtiéndoles que deben demostrar que su vivienda es su residencia principal o quedar sujetos al nuevo gravamen sobre segundas residencias, aprobado este año como parte del presupuesto estatal junto con la gobernadora Kathy Hochul.
El impuesto aplica a segundas residencias valuadas en al menos 5 millones de dólares, y a condominios y cooperativas de al menos 1 millón de dólares que estén desocupados y no sean residencia principal. La tasa para condominios y cooperativas oscila entre 4% y 6,5%.
Entre los afectados figura Michael Cohen, exabogado personal del presidente Trump, quien recibió la carta esta semana en su condominio en Trump Park Avenue, en el Upper East Side. Cohen asegura que lleva 34 años pagando impuestos municipales sobre esa propiedad y que está registrado como votante en la ciudad. Aun así, debe probar su residencia o enfrentar casi 50.000 dólares en nuevos impuestos, según declaró al New York Post.
El proceso exige saltar múltiples obstáculos burocráticos. Para acreditar residencia principal, los propietarios pueden subir su declaración fiscal federal o estatal más reciente. Cohen rechazó esa opción: «¿Quién entregaría sus declaraciones de impuestos?», preguntó. «Esto está más allá de lo anormal». La ciudad acepta otras pruebas, como la licencia de conducir, aunque Cohen indicó que el sitio web no le permitió completar el formulario sin adjuntar la declaración fiscal.
La administración también solicita los números de Seguro Social de todos los residentes del inmueble. En casos donde la propiedad está en fideicomiso o LLC —como ocurre con el condominio de Cohen, estructurado para proteger el activo de litigios y facilitar la transferencia a sus hijos— se requieren copias del contrato fiduciario o una declaración jurada del administrador.
A la carga documental se sumó otra polémica: la administración municipal publicó una base de datos con búsqueda abierta que incluye nombres completos y direcciones de los propietarios que podrían quedar alcanzados por el impuesto. La medida generó críticas inmediatas. «Es muy perturbador ver mi nombre listado y ver a muchos de mis vecinos», dijo al Post la abogada laboralista Carolyn Richmond, quien calificó la lista como un intento de «avergonzar a todos en esta ciudad que trabajaron duro para tener éxito».
Cohen también expresó preocupación por la seguridad de los datos: «¿Quién tendrá acceso a esta información y cómo la usará? ¿Estará en un sitio web seguro?»
La lectura de Ágora Capital: Lo que Nueva York está ejecutando no es solo un impuesto; es un ejercicio de ingeniería redistributiva que trata al contribuyente cumplidor como sospechoso. Exigir declaraciones fiscales completas y números de Seguro Social para demostrar que uno vive donde siempre ha vivido invierte la carga de la prueba y expone datos sensibles a un aparato estatal de credenciales cuestionables en materia de ciberseguridad. El capital y los propietarios ya están tomando nota: cuando el Estado convierte el cumplimiento en un laberinto y la privacidad en un costo adicional, la respuesta racional es votar con los pies.
