Nueva Jersey tiene nueva legislación energética. La gobernadora Mikie Sherrill firmó la Power NJ Act, una norma aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura con respaldo de representantes de ambos partidos políticos.
El objetivo central es incorporar al menos 1.100 megavatios de nueva generación nuclear avanzada al sistema eléctrico del estado. La ley encomienda el proceso a dos organismos estatales: la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (NJ BPU) y la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJ EDA), que administrarán conjuntamente un mecanismo competitivo con plazos definidos y criterios de transparencia.
La gobernadora subrayó que la iniciativa responde al aumento de la demanda energética y a la necesidad de fortalecer la confiabilidad de la red frente a fenómenos meteorológicos extremos. «Las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro que les dejaremos a nuestros hijos», afirmó Sherrill según el comunicado oficial.
La cláusula que más importa al contribuyente es la protección económica incorporada en el texto. Según el comunicado de la gobernadora, los consumidores no asumirán ningún costo mientras los proyectos permanezcan en construcción. Los pagos comenzarán únicamente cuando las instalaciones entren en funcionamiento y efectivamente suministren electricidad. Adicionalmente, la ley establece que los usuarios no serán responsables de absorber eventuales sobrecostos que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.
Entre los sectores que la norma busca abastecer figuran pequeñas empresas, escuelas y hospitales, además del conjunto de la red eléctrica estatal.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, la Power NJ Act ofrece una señal que el mercado energético lleva tiempo esperando: el Estado fija reglas, abre la competencia y —al menos sobre el papel— no traslada el riesgo de construcción al bolsillo del usuario. El mecanismo competitivo administrado por la NJ BPU y la NJ EDA es, en esencia, una invitación al capital privado a cotizar proyectos bajo condiciones predecibles.
El dato relevante no es la retórica sobre el «futuro asequible», sino la estructura de incentivos: si los pagos arrancan solo cuando hay kilovatios reales fluyendo por la red, el riesgo de ejecución recae sobre el desarrollador, no sobre el contribuyente. Eso es disciplina de mercado aplicada a infraestructura pública. La unanimidad legislativa —inusual en cualquier cámara estadounidense— sugiere que el consenso político sobre nuclear avanzado ya cruzó la línea de partido. Capital busca reglas claras, y Nueva Jersey acaba de escribir algunas.
