Los números no mienten, aunque el Gobierno lleve cuatro años insistiendo en lo contrario.
La Nueva EPS, la aseguradora con más usuarios de Colombia, registró en 2024 ingresos ordinarios por $22,2 billones y un costo de prestación de servicios de salud de $26,4 billones. Los gastos administrativos sumaron $0,5 billones, equivalentes al 2,5 % de los ingresos. El resultado: una pérdida de $4,8 billones.
Los estados financieros de 2023 y 2024 fueron radicados ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y el Ministerio de Salud por el agente interventor Jorge Iván Ospina, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara su presentación por vía judicial. Desde septiembre de 2023 la entidad no los había publicado. Los documentos aún no cuentan con certificación de la revisora fiscal, Gladys Asprilla.
El propio comunicado de la entidad es explícito: «la pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados».
La fotografía de los activos es igualmente crítica. Nueva EPS reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar, de los cuales la mayor proporción corresponde a obligaciones del Estado, principalmente de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES). De ese total, $5,49 billones están asociados a deudores del sistema y $1,14 billones corresponden a recobros que la ADRES adeuda por tecnologías y servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Parte de esos recursos lleva entre dos y tres años pendiente de giro; algunos saldos superan los cinco años de antigüedad.
El dato no es aislado. El observatorio Así Vamos en Salud calcula que la siniestralidad del sector alcanzó el 105,6 %: por cada $100 que ingresa a una aseguradora por UPC, se gastan $105,6.
La Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, ya había declarado la insuficiencia de la UPC de 2024 y señalado que el rezago venía desde 2021 y se extendió por 2022 y 2023. Los ajustes aplicados por el Gobierno entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 estuvieron, según académicos y economistas de la salud citados por El Colombiano, por debajo de lo necesario para evitar un colapso financiero.
El agente interventor Ospina fue cauteloso pero directo: «Creo que si seguimos por el camino de la reorganización empresarial que adelantamos, la Nueva EPS no tendría que ser liquidada».
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Lo que los estados financieros dejan en evidencia es un problema estructural de precio regulado insuficiente, no de gestión privada corrupta. Cuando el aparato estatal fija una tarifa por debajo del costo real y luego acusa a los operadores de robo, el resultado es predecible: quiebra técnica, deudas acumuladas y pacientes en riesgo.
El capital privado no financia déficits indefinidos por decreto. Si Colombia quiere un sistema de salud solvente, necesita tarifas que reflejen costos reales, pagos oportunos del Estado y reglas claras para los operadores. La narrativa del saqueo no paga una sola cuenta hospitalaria.
