La Nueva EPS publicó sus estados financieros de 2023 y 2024 bajo presión de la Superintendencia Nacional de Salud y decisiones judiciales. El resultado es contundente: pasivos superiores a $22 billones, pérdidas cercanas a $4,8 billones en 2024 y patrimonio negativo. La combinación retrata el deterioro financiero de la entidad promotora de salud más grande de Colombia.
Según el informe de la administración interventora, el principal factor del desbalance fue que el costo de la atención médica superó ampliamente los ingresos recibidos. A eso se sumó el hallazgo de un rezago histórico de facturas que no habían sido incorporadas plenamente a la contabilidad, lo que obligó a sincerar las cuentas e incrementó el pasivo reportado.
El presidente Gustavo Petro intervino en la discusión pública a través de su cuenta de X. Respondiendo a una cuenta que apoya al mandatario electo Abelardo de la Espriella, Petro escribió: «Sí señor, se robaron la Nueva EPS, y quienes se la robaron fueron sus amigos políticos». Sostuvo que la entidad «estaba quebrada ya para 2022-2023» y que esa situación se ocultó «dolosamente escondiendo 5 millones de facturas no pagadas», lo que reduciría artificialmente el tamaño de la deuda. Agregó que su gobierno detectó ese rezago al intervenir la entidad en abril de 2024.
Petro también señaló, según la fuente, que hasta abril de 2024 la administración de la EPS estuvo en manos de personas cercanas a De la Espriella, y mencionó a Juan Fernando Cardona Uribe como presidente de la entidad durante ese período, afirmando que «ya está preso». Además, según Petro, la Fiscalía General de la Nación ha omitido encarcelar a otros integrantes de la junta directiva de esa etapa. Entre ellos nombró a Enrique Vargas Lleras, de quien dijo que, al igual que De la Espriella, quiere su extradición, aunque «ninguna nación ha pedido» esa medida. Vinculó también a Cambio Radical y a la familia Char en sus declaraciones.
En cuanto a la magnitud del problema, Petro sostuvo que, en el balance del periodo 2023-2024, la deuda de la EPS equivalía a cerca de la mitad del Presupuesto General de la Nación. La entidad, por su parte, descartó por ahora una eventual liquidación e informó que avanzará en procesos de conciliación y auditoría para depurar una parte de esas obligaciones.
La crisis de la Nueva EPS plantea una pregunta que el próximo gobierno de De la Espriella deberá responder con números, no con declaraciones en redes: cómo sanear una entidad que acumula obligaciones de escala fiscal sin que el costo recaiga enteramente sobre el contribuyente. Capital privado en salud exige reglas estables, contabilidad transparente y supervisión efectiva. Que los estados financieros hayan requerido requerimientos de la SuperSalud y fallos judiciales para ver la luz pública ilustra exactamente el tipo de opacidad que ahuyenta la inversión y agrava las crisis antes de que sean visibles. El mercado ya votó: donde las cuentas se sinceran solo por orden judicial, el riesgo país sube y los recursos escasean.
